Legislación radioactiva

Los congresistas siguen legislando mal y, entre todas las noticias judiciales de nuestra agitada coyuntura política, este problema no parece despertar un gran debate. La última revelación de El Comercio sobre el “copy paste” de información de la inteligencia artificial generada por la versión gratuita del ChatGPT debería ser el detonante para impulsar una mejora en los filtros de la producción de leyes en el país.

No está mal que se utilice la inteligencia artificial para obtener información relevante y antecedentes que permitan a los legisladores mejorar la sustentación de una iniciativa legislativa. El problema radica en que se pegue la información recabada tal cual, sin mayor análisis y sin una revisión de lo que se presenta como proyecto de ley.

En el trámite para la presentación de un proyecto de ley existen varios filtros, pero ninguno funciona. El primer filtro es el propio despacho congresal y lo más fácil siempre es culpar a los asesores, cuando es responsabilidad mínima del parlamentario revisar los textos antes de firmarlos e ingresarlos a trámite. Además, son los propios congresistas los que se preocupan poco en escoger asesores con experiencia en el quehacer legislativo. Sumado a esto, exigen cuotas de proyectos presentados al mes como indicador de “efectividad”. En la visión de los congresistas, a más proyectos presentados, mejor señal de que están trabajando. Esto último se ve traducido en los indicadores de producción que presentan al final de cada legislatura resaltando que presentaron mayor número de proyectos respecto de sus pares.

Las bancadas parlamentarias son el segundo filtro para los proyectos de ley. Los voceros de cada grupo cuentan con asesores y herramientas para realizar dicho trabajo. El problema en esta fase es que los portavoces no quieren pelearse con sus colegas, por lo que pasan las iniciativas con mínimos ajustes.

El tercer y cuarto filtro son las comisiones y el pleno, respectivamente. En las comisiones no se toman en cuenta las opiniones técnicas de entes especializados, mientras que en el pleno los intentos de mejora llegan un poco a destiempo y son muy difíciles de ejecutar.

La propuesta para mejorar la calidad legislativa siempre debe apuntar al primer filtro, que son los despachos congresales. Pero considero un error que se piense en la creación de una nueva oficina como solución. En este período se creó una Oficina de Asesoramiento Científico y lo último que sabemos es que ha sido copada por personas allegadas a Perú Libre, sin ningún tipo de propuesta rescatable.

Una alternativa sería reforzar lo que ya se tiene en la actualidad. El Congreso cuenta con un Área de Técnica Legislativa, pero esta solo está enfocada en los predictámenes de las comisiones y en los dictámenes contenidos en la agenda del pleno. Sería interesante que esta área se elevase a rango de departamento y que con ello se pueda reforzar el equipo porque resulta imposible que las diez personas que trabajan a la fecha puedan revisar los más de 8.000 proyectos que se han presentado. Con un departamento que sirva de filtro antes de que los textos ingresen a las comisiones evitaríamos la filtración de tantos proyectos radioactivos que no hacen más que infectar la agenda del pleno con temas ajenos a las necesidades del país.