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Editorial: Cómo arruinar las universidades

Aprobar el proyecto de ley universitaria sería un retroceso para la educación y las inversiones

Editorial: Cómo arruinar las universidades

El proyecto de ley universitaria elaborado bajo la batuta del general Daniel Mora ya está en discusión en el pleno del Congreso. Como este Diario ya ha advertido antes, la iniciativa busca crear una superintendencia que tendría el poder de, con absoluta discreción, definir las reglas a las que se sujetará la enseñanza, establecer requisitos de plana docente e infraestructura para cada institución, normar sobre contenidos curriculares, autorizar la creación de nuevas universidades, carreras y programas y resolver cualquier controversia sobre nombramiento de autoridades y otros temas institucionales. En buena cuenta, el proyecto propone crear una superintendencia todopoderosa que haga y deshaga como le venga en gana con las universidades. 

Para ejemplificar lo extensos que serían sus poderes, basta con decir que si se diseñaran instituciones similares para regular la gastronomía o la construcción, estas podrían dictarle a los restaurantes  las recetas de los platos y a las constructoras los planos de los edificios. 

El Ejecutivo, por su parte, ha presentado un proyecto que plantea que los miembros de la superintendencia se elijan de forma distinta. No obstante, comparte con la iniciativa liderada por el general Daniela Mora la misma visión sobre cuál es la manera de mejorar la educación universitaria: que una burocracia defina con detalle quién puede poner una universidad y cómo debe enseñar.

Lo primero que se está jugando en esta discusión es la libertad de los estudiantes (o de quienes aspiran a serlo) de elegir entre varias opciones el tipo de educación que necesitan. Hoy las universidades tienen la posibilidad de ofrecer distintos sistemas educativos para satisfacer las diversas necesidades de los grupos que acuden a sus aulas. De aprobarse el proyecto, en cambio, los ciudadanos solo tendrían una opción: la que escoja por ellos la burocracia, como si solo existiese una manera correcta de enseñar y diseñar universidades.

Por otro lado, lo más probable es que esta uniformización venga acompañada por una reducción de la calidad de la enseñanza y de la creación de un sinnúmero de barreras para el desarrollo de la educación. De hecho, para saber cómo terminarían las universidades si se crea dicha superintendencia, es suficiente ver lo que hoy sucede en todos los otros niveles educativos, donde una burocracia ya tiene esos poderes. Por ejemplo, se ha vuelto casi imposible abrir nuevas cunas y nidos porque el Estado exige estándares de infraestructura absurdos y sin propósito que muy pocos inversionistas pueden cumplir. La educación escolar, como todos sabemos, es de ínfima calidad y sus alumnos aparecen en la cola de los resultados de la prueba PISA. Y los institutos de educación técnica superior demoran años en obtener la aprobación para abrir una nueva carrera, enfrentan requisitos de infraestructura frecuentemente infranqueables y que no sirven a sus estudiantes y están forzados a perder el tiempo dictando cursos que no tienen ninguna relación con lo que exige a sus egresados el mercado laboral. Todo por voluntad de las entidades estatales que reinan en estos campos. ¿Por qué creemos que lo que ha fallado en todos los otros niveles de la educación peruana sí tendría éxito en el caso de las universidades?

Además, no podemos pasar por alto que la Constitución es bien clara cuando señala que las universidades son autónomas, por lo que este proyecto, de aprobarse, sería abiertamente inconstitucional. 

Finalmente, si el oficialismo está intentando reactivar la economía y promover las inversiones, sería contraproducente aprobar este proyecto intervencionista de gran escala, pues se enviaría un pésimo mensaje a los empresarios que se intenta tranquilizar.

Lo que necesita la educación universitaria no es más burocracia ni intervencionismo estatal. Lo que se necesita es más transparencia e información: que se publiquen los ratios de empleabilidad y los rangos salariales de los egresados de cada carrera de cada universidad para que los alumnos sepan qué tipo de educación se les ofrece realmente y no puedan ser engañados. Y nada de esto se encuentra en el proyecto que viene discutiendo el pleno.