Verdaderas intenciones, por Patricia del Río
Verdaderas intenciones, por Patricia del Río
Redacción EC

El lo hizo otra vez. Aprovechando la mayoría que ha conseguido en el Congreso, decidió eliminar toda mención a orientación sexual e identidad de género del D. Leg. 1323, que protegía a la comunidad de agresiones y discriminaciones. La se tomó en la Comisión de Constitución, bajo la excusa de que el Ejecutivo se había excedido en las facultades otorgadas para legislar sobre diversos temas. Los defensores del atropello alegan que este es un tema de formas, no de fondo; los detractores los acusan de usar leguleyadas para bloquear cualquier derecho en favor de los homosexuales, como ya lo han hecho antes.

Con el cuento de que en el Perú se quiere “normalizar la homosexualidad”, “imponer una agenda gay”, un ala conservadora de la sociedad ha encontrado eco en el partido naranja que, con un fanatismo digno de mejor causa, traduce los miedos y prejuicios en iniciativas legislativas que recortan derechos. No lo hacen, sin embargo, asumiendo abiertamente la postura discutible, pero sincera al fin y al cabo, de los grupos a los que incomprensiblemente han decidido representar: como en las peores épocas de la dictadura fujimontesinista (perdón, pero estamos de aniversario) se aferran a argumentos cantinflescos, de tinterillo de Azángaro, para eludir su responsabilidad en la cruzada que tan eficientemente se han montado de invisibilizar a los homosexuales de nuestro país.

El problema más grave es que lo que buscaba el D. Leg. 1323 que se quieren volar (todavía tenemos esperanza de que recapaciten en el pleno) es que aquellos que consideran que hay buenas y malas orientaciones sexuales, que sostienen que una lesbiana es un monstruo al que hay que desaparecer, y que proclaman a los cuatro vientos que los gays son personas enfermas, no pongan en peligro la vida de peruanos que no le han hecho daño a nadie, que pagan sus impuestos, que tratan de vivir  en armonía con los demás. Es decir, buscaba ofrecerles un entorno seguro a quienes viven en un país profundamente homofóbico, al que –vamos, aceptémoslo– la agresión a los travestis por las calles o la mascare de homosexuales perpetrada por grupos subversivos en los ochenta y noventa no han conmovido, por años, prácticamente a nadie.

Pero está claro que proteger a la comunidad LGTBI va a resultar imposible por un buen tiempo, porque la bancada monitoreada y manejada por la señora tiene otros planes: ellos están preocupados por darle voz y voto en el Congreso al miedo, a la irracionalidad. Ellos se han puesto al servicio del que no considera a ese otro cuya identidad sexual es diferente como un igual. Y, en serio, lamentamos decirles que sus intentos de esconderse bajo cerros de argumentos legales no sirve… se les notan las verdaderas intenciones.