Polémicas en campaña: ¿debe el Perú seguir recibiendo ayuda de Estados Unidos y la DEA para la lucha contra el narcotráfico?

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Hace unos días, la lucha contra el narcotráfico y el rol que cumple la agencia para la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) fueron puestos sobre la mesa del debate público, en plena segunda vuelta, por el virtual congresista de Perú Libre por Lima, Guillermo Bermejo, al anunciar que, de llegar al gobierno, la agrupación con la que postula Pedro Castillo expulsaría del país a la agencia estadounidense.

“[¿Expulsarían a la DEA, la cooperación internacional?] Por supuesto. La DEA es el principal cartel de droga en el mundo”, señaló Bermejo en Canal N el último lunes.

El rompimiento de relaciones y la expulsión de la DEA de un territorio nacional fue algo que ya ocurrió, al menos en esta parte del planeta, en Venezuela y Bolivia, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales, en el 2005 y 2008, respectivamente. Esto en medio de acusaciones mutuas de conspiración.

La DEA es una unidad de investigación especializada en la lucha contra las drogas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.), que a su vez se encarga de establecer una cooperación con países del extranjero para combatir el flagelo del narcotráfico que traspasa fronteras. Actualmente cuenta con una oficina en Perú, al igual que en otros 67 países.

Para Rubén Vargas, la DEA tiene una presencia “absolutamente importante y vital” en el país, que no se puede desmerecer. Esta agencia y la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), comenta, “son los mayores aliados del Perú frente al tráfico ilícito de drogas”.

La primera, agrega, se encarga de la parte de la investigación, la interdicción y la colaboración con la policía y la fiscalía, mientras que la segunda vela por el componente del desarrollo alternativo con productos lícitos en las zonas afectadas con cultivos ilegales de hoja coca y el narcotráfico.

“Estas dos instituciones son las que más han cooperado en la historia de la lucha contra las drogas en el Perú y tenemos que reconocerlo, saludarlo y trabajar para que esta cooperación no solamente se mantenga, sino crezca y se fortalezca. Porque a diferencia de cualquier otro problema vinculado a la inseguridad o criminalidad organizada, el narcotráfico es una estructura criminal transnacional”, subraya Vargas.

Según especialistas consultados para este informe, la presencia de la DEA en Perú data de, por lo menos, hace cuatro décadas, vía acuerdos de cooperación internacional con EE.UU. y en pleno auge de los cárteles colombianos de Medellín y de Cali, que extendieron sus lazos fuera de ese país, principalmente en la selva peruana.

El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera ‘Vaticano’, y el abogado Rodolfo Orellana son solo algunos de los personajes que han estado en la mira de la DEA en los últimos años.

El exjefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro), el general PNP (r) Carlos Morán, remarca que el apoyo de la DEA en el país se concretiza en darle a la policía peruana “un soporte de capacitación, logístico (adquisición de equipos e infraestructura) y también de coordinación en operaciones internacionales con otros países”. Así, hay un sostén en inteligencia policial, criminología e investigación.

“Como el Perú, al igual que Colombia y Bolivia son países productores de cocaína, y hay un mercado en otras latitudes, por eso es el interés de la DEA de coordinar el trabajo especializado de las policías del mundo para atacar a un enemigo común”, explica.

El general en retiro explica también que, cada año, uno 100 policías peruanos son enviados al extranjero para capacitarse en los campos de la DEA “y eso tiene un expertise que se va replicando en la formación de otros policías investigadores”.

Morán no duda al calificar de “un error” que se busque retirar a la DEA del país. “Sería un retroceso histórico”, advierte. “Si bien es cierto cada uno mantiene su independencia y su soberanía como países, el apoyo internacional no lo podemos soslayar”, agrega.

Por su parte, Pedro Yaranga, experto en temas de terrorismo y narcotráfico, recuerda que anteriormente casi toda la droga que se hacía en el Perú iba a parar a territorio estadounidense.

A su juicio, la DEA no ha tenido “un papel determinante” en combate contra la droga, pues las cifras demuestran que sigue habiendo un aumento. “Sin embargo, han apoyado bastante, sobre todo en el aspecto preventivo”, dice.

Para el 2017, el cultivo ilícito mundial de la hoja de coca correspondía a cerca de 50.000 hectáreas en el Perú frente a 171.000 de Colombia y los 24.500 de Bolivia, según un informe de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Este reporte comparativo marcaba la tendencia al alza de las plantaciones ilegales en los tres países claves productores de cocaína.

Cultivo ilícito mundial de arbusto de coca (hectáreas):

Asimismo, respecto al 2018, Devida reportó unas 54.134 hectáreas de cultivo en el Perú, mientras que para el 2019 la cifra se ubicó en 54.655. La cifra sigue en aumento.

“El Perú tiene un problema serio que es de país productor de drogas cocaínicas vinculado a organizaciones criminales que la trafican. Y la trafican no para el mercado interno, sino para los mercados internacionales. Estamos hablando de una estructura transnacional. Si alguien no reconoce esa naturaleza del narcotráfico, vive en un universo paralelo”, remarca Rubén Vargas.

A poner el foco

Para el expresidente ejecutivo de Devida, la situación actual del cultivo ilegal de coca y el narcotráfico es “extremadamente crítica”, pues considera que se han alineado varios factores que amenazan con su expansión en el territorio nacional.

El primero de ellos, el aumento del consumo de drogas cocaínicas en Europa; segundo, la crisis económica a causa del COVID-19 —que “está empujando a muchos campesinos a volver a la economía de la coca”—; y tercero, la falta de operativos para la erradicación de los cultivos ilegales, justamente a consecuencia de la paralización de las actividades por la pandemia.

“El año pasado hemos erradicado solamente 6 mil hectáreas de una meta de 25 mil. Y este año probablemente tampoco cumplamos la meta. Y la amenaza es que por el trabajo que está haciendo Colombia (han erradicado en el 2020 unas 130 mil hectáreas) se produzca el efecto globo y los cultivos de coca que se está erradicando allá terminen cultivándose en Perú”, aseveró.

Simular postura tiene Yaranga, quien refiere que se ha avanzado poco en la erradicación el año pasado, pero que incluso “si analizamos las generalidades entenderíamos que este quinquenio ha sido uno casi perdido para la lucha contra las drogas”.

El especialista lo atribuye, entre otros factores, a la falta de funcionarios especializados en el rubro durante las administraciones comprendidas en este tiempo, así como una falta de sinceramiento de las cifras. El combate contra la droga, refiere Yaranga, debería de ser una prioridad para el próximo gobierno 2021-2026, pasando por un trabajo de sensibilización entre la población.

“Debe ser prioridad del nuevo gobierno sincerar el tema de las cifras, ha sido un avance desmesurado en los últimos cinco años tanto en la producción de coca y de cocaína. Seguimos siendo segundos, después de Colombia, pero de todas maneras nos hemos elevado mucho en los últimos cinco años”, sostiene.

Morán, por su parte, recalca que si bien la DEA realiza el trabajo de investigación y de apoyo, quien finalmente ejecuta las operaciones y establece las políticas antidrogas es el Estado peruano, que agrupa los diversos factores propio de un país productor de coca.

“El trabajo de la lucha antidrogas es un trabajo multisectorial, y la erradicación de cultivo es una parte de esa política. [...] No vayamos a lo más fácil, retiramos el apoyo de la DEA, nos quedamos solos en la lucha contra las drogas, porque si aún así tenemos problemas, imagínese sin apoyo y la asistencia de un socio estratégico tendríamos mayores problemas”, puntualiza.

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