Más de 6.600 personas fueron afiliadas sin su consentimiento a organizaciones políticas | INFORME

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Cuenta que hizo la búsqueda a modo de previsión, luego de que a un compañero de su institución le sucedió una situación similar. Afiliarse a una organización política, como miembro activo de las FF.AA. y policiales, es una infracción grave; conllevaría casi en el acto en un ‘arresto de rigor’ que interrumpiría cualquier proceso de ascenso, y que incluso podría terminar con la expulsión de la institución a la que se sirve.

“Dije no pierdo nada intentando, digité mi DNI (en la web del JNE) y me di con la sorpresa de que estaba afiliado a un partido yo también. Me quedé sorprendido. Hay mucha gente que quizás no sabe, y que está metido en estos padrones”, cuestiona desde el norte del país.

En San Juan de Lurigancho, Diane, una economista de 34 años tiene casi la misma historia. En su caso, con diez años de experiencia en distintas entidades del sector público, en agosto del año pasado se encontraba en un proceso de selección en la Contraloría y, como tal, estaba impedida de estar afiliada a un grupo político. Pero, a raíz de la recomendación de alguien cercano, se percató de que figuraba como militante en Somos Perú.

“Estaba segura de que no estaba inscrita. Él me dijo ‘te recomiendo que revises, porque a un amigo le pasó’. Qué raro dije… y entré a ver, puse mi DNI y, efectivamente, salía que estaba en un partido”, contó a este Diario.

Diane también asegura que nunca suscribió ningún padrón de una organización política. Solo recuerda haber firmado, a mediados del 2019, en el centro de Lima, un planillón —el cual revisó bien antes de poner su rúbrica— para que se apruebe una ley contra el maltrato animal. No fue para ningún proyecto político, lo recuerda bien porque dice estar en contra del manejo que existe en los partidos.

Pero esos son solo algunos de los más de 6.600 ciudadanos a nivel nacional que han sido incluidos, sin su consentimiento, a un partido o movimiento regional en los últimos quince años. El Comercio accedió al reporte de desafiliaciones realizadas en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) con motivo de “afiliación indebida”. Es decir, ciudadanos que se percataron de que fueron incluidos en una agrupación de forma irregular, siguieron todo el proceso administrativo y se les dio la razón.

Según un análisis realizado por este Diario, desde enero del 2008 hasta agosto de este año 6.450 afiliaciones irregulares corresponden a partidos políticos con alcance nacional; mientras que 229 casos implican a movimientos regionales.

Con 1.780 casos, el ranking lo encabeza el histórico Partido Popular Cristiano (PPC), agrupación que en el 2021 perdió su inscripción y, actualmente, se encuentra en proceso para retornar al sistema de partidos.

Le sigue, con 1.452, el Partido Nacionalista Peruano, agrupación que llevó a la Presidencia a Ollanta Humala y que actualmente no se encuentra en vigencia; mientras que, en tercer lugar, con 1.105 casos, se ubica el tradicional Partido Aprista Peruano, cancelado también en el 2021 pero que recientemente logró su reincorporación.

Este es un problema que viene de años atrás. En el 2012, por ejemplo, se conoció que la periodista y conductora de televisión Mónica Delta había sido inscrita en el PPC de forma irregular, poco después de retornar al Perú luego de vivir en el extranjero por varios años. “Regresé al Perú y me di la sorpresa de que aparecía en un padrón; y protesté públicamente”, dijo a El Comercio.

“Soy una periodista que siempre ha creído en que no debe estar vinculada a nada, yo no firmo ninguna carta abierta, ningún comunicado, no voy a marchas, no tengo ningún vínculo con ningún partido político, porque lo creo fervientemente. Ni antes, ni ahora, ni lo haré. Es una cuestión de principio periodístico”, remarcó.

En promedio, se han registrado en el JNE unas 417 desafiliaciones por afiliación indebida cada año en los últimos 15 años, tanto de partidos como de movimientos regionales. Sin embargo, el mal uso de datos de ciudadanos no solo implica a partidos históricos.

Solo en lo que va de 2023, por ejemplo, procedieron 58 quejas específicamente sobre partidos; de las cuales 22 de ellas están relacionadas con agrupaciones que han obtenido su inscripción y sido reconocidas por el JNE este mismo año. Se tratan de casos reportados en los partidos Demócrata Verde, Perú Moderno, Partido Patriótico del Perú, el PRIN, Perú en Acción, el partido Demócrata Unido Perú y Fe en el Perú.

Para el experto en temas electorales Alejandro Rospigliosi, “esto demuestra la necesidad urgente de sincerar los padrones de militantes a los partidos políticos”; y que, ya sea para lograr alcanzar el mínimo de afiliados requeridos para lograr la inscripción o simplemente “demostrar un tamaño de militancia que no tienen”, las organizaciones “están cometiendo un delito contra la fe pública tipificado en el Código Penal”.

A juicio de Rospigliosi, deberían incrementarse los filtros en el JNE —a través del Registro de Organizaciones Políticas (ROP)— para evitar estos inconvenientes. “¿Por qué es un delito? Porque es mentir, es decirle a la administración pública que el ciudadano tal está afiliado cuando no lo está. Hay dos agraviados, por un lado, el JNE, y por otro lado el ciudadano, del cual están tomando sus datos personales y robando su identidad”, apuntó a este Diario.

El especialista también consideró que esto igualmente demuestra que la reforma política realizada en el 2019 (con la que pasó de adherentes a afiliados como requisito para inscribir una organización) “fue incompleta e imperfecta”, al seguir persistiendo estas falencias como el uso de datos de forma irregular.

Distinta opinión tiene el abogado José Manuel Villalobos, quien sostiene que con la reforma sí se puso “un candado” porque, al tener que presentar militantes para que una organización lograrse la inscripción, estos previamente son cotejados por el Reniec por un convenio con el JNE.

A su entender, justamente por esta verificación estos casos de afiliación indebida deberían irse reduciendo en comparación con años anteriores, en donde incluso se denunció una fábrica de firmas falsas.

“Antes en realidad para inscribir lo que verificaban era la lista de adherentes, que no es afiliado, y luego ya los partidos mandaban después sus padrones de afiliados (militantes). Pero no pasaban ese tamiz tan exhaustivo que ahora pasa el padrón de partidos”, remarcó Villalobos.

Acotó que, si bien “no se ha eliminado” del todo, “sí se ha reducido significativamente las posibilidades de falsificar las firmas de afiliados”. Y agregó que esto hace más necesario que sea el Reniec quien se mantenga a cargo de la verificación de las firmas, lo que debería estar sostenido en una ley formal y no en un convenio.

El Comercio consultó al JNE, entre otros puntos, las acciones que viene realizando para impedir que ciudadanos sean afiliados de forma indebida. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.