Congreso: ¿Qué iniciativas se impulsaron frente a las crisis políticas del último mes?

En paralelo a las crisis políticas que se sucedieron los últimos 30 días tras la decisión del Congreso de declarar la vacancia de Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente, diversos legisladores presentaron proyectos de ley relacionados con dicha coyuntura. Algunas iniciativas llegaron a mejor puerto, con su aprobación en comisiones y una próxima vista en el pleno. Otros, no pasaron del trámite en mesa de partes o de su apilamiento en grupos de trabajo.

Este último jueves, el pleno del Congreso debatió y aprobó el dictamen que elimina la inmunidad parlamentaria; una prerrogativa que había sido fuente de confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo en varias ocasiones.

Precisamente, esta semana se cumplió un mes de la más sostenida y reciente crisis política del país, con la recordada destitución de Martín Vizcarra, la sucesión breve y cuestionada de Manuel Merino, y el posterior ascenso de Francisco Sagasti como nuevo presidente de transición.

Durante este tiempo de tensión, integrantes y comisiones del Parlamento han impulsado distintos proyectos de ley en respuesta a los escenarios más notorios de las consecutivas polémicas. Aquí los repasamos.

Sobre la vacancia presidencial

El último 9 de diciembre, el congresista de Acción Popular, Jorge Vásquez Becerra, presentó el proyecto de Ley 6749, que “propone modificar el artículo 113 inciso 2 de la Constitución Política del Perú para una adecuada interpretación sobre las causales de vacancia del Presidente de la República”.

Con esta iniciativa, sugiere dejar el término “permanente incapacidad moral”, pero adiciona la condición “psíquica” (en el texto vigente solo se habla de permanente incapacidad moral o física). Además, propone que exista una comisión especial en el Congreso para debatir y votar el caso en una primera fase. En cuanto a la incapacidad psíquica o física, indica que una junta certificada de médicos debe establecer el diagnóstico en un plazo máximo de diez días.

La semana anterior, el 3 de diciembre, la Comisión de Constitución dictaminó la restauración de la bicameralidad en el Congreso. Entre las decenas de modificaciones que la eventual reforma haría sobre la Constitución, está también el uso de la incapacidad moral permanente para la vacancia presidencial.

El texto propone que la condición sea declarada por voto de ambas cámaras y que corresponda con un delito doloso flagrante o con la acreditación objetiva de “una conducta pública que genera un notorio desequilibrio social por atentar contra los valores éticos comúnmente compartidos, que deterioran la dignidad presidencial y hacen insostenible la permanencia en el cargo”.

La condición de “incapacidad moral permanente” como causal para declarar la vacancia de un presidente no fue aclarada tras la destitución de Martín Vizcarra. Como se recuerda, el Tribunal Constitucional resolvió la demanda competencial del Ejecutivo el 19 de noviembre, pero concluyendo que hubo “sustracción de la materia” porque los hechos ya estaban consumados. De esa manera, el fondo de la controversia sobre la correcta interpretación del mecanismo no fue revisado.

El contexto de crisis en la Policía Nacional

La decisión del Gobierno de Francisco Sagasti de pasar al retiro a 18 oficiales generales y nombrar como comandante general de la Policía a César Cervantes Cárdenas -el más joven del escalafón de antigüedad- devino en una polémica que ha debilitado al Gabinete.

Desde que el Ejecutivo tomara la medida el pasado 23 de noviembre, tuvo que cambiar dos veces a su ministro del Interior: Rubén Vargas renunció el 2 de diciembre y Cluber Aliaga fue solicitado a renunciar a los cinco días. Los cuestionamientos no solo venían de la propia institución y de los policías cesados, sino también del Congreso.

El 7 de diciembre, el congresista Jorge Vásquez Becerra, de AP, tramitó una iniciativa que causó revuelo. Se trataba del proyecto de Ley 6746, que proponía “autorizar la incorporación al servicio activo de todos los ex miembros de la Policía Nacional del Perú separados inconstitucionalmente de la función pública”.

Con la propuesta, se buscaba la creación de una comisión especial en el Ministerio del Interior que examine las solicitudes de reincorporación de ex efectivos cesados “inconstitucionalmente” en sus cargos y que aún estén dentro del límite de edad para seguir en la PNP.

Sin embargo, el propio parlamentario Vásquez retiró el proyecto al día siguiente. En su carta a Oficialía Mayor del Congreso, explicaba que preparó el texto “con mucha anterioridad”, que “no responde a la coyuntura del Mininter” y que “no pretende polarizar las opiniones”.

La eliminación de la pensión vitalicia de expresidentes

El 25 de noviembre, la Comisión de Constitución, que preside el congresista Omar Chehade, aprobó un dictamen para eliminar el sueldo vitalicio de los ex jefes de Estado. El texto se basa en 17 proyectos de ley acumulados de meses o hasta años anteriores. La mayor parte corresponde al actual Congreso, con iniciativas tramitadas entre mayo y octubre.

Actualmente, al amparo de la Ley N° 26519, todos los ex presidentes de la República tienen derecho a recibir una pensión equivalente a S/15.600; es decir, al salario básico de un congresista.

De ser aprobada la iniciativa en el pleno del Parlamento, la norma quedaría derogada y exmandatarios como Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y hasta Manuel Merino (cuando termine su gestión de congresista) perderían acceso al beneficio. También lo perderían las viudas de los expresidentes Valentín Paniagua y Alan García, pues la ley vigente fija que, en caso de fallecimiento, se ceda la pensión al cónyuge sobreviviente y/o al hijo menor de edad.

El dictamen, que fue dirigido a la presidenta del Congreso el 3 de diciembre y que aún no se ha agendado en sesión plenaria, establece que los exmandatarios solamente tengan derecho al mínimo resguardo policial por un periodo de dos años desde que dejan la presidencia.

Expresidentes obligados a no salir del país

El último miércoles, la Comisión de Constitución aprobó otro dictamen que obliga a todo expresidente a permanecer en el territorio nacional por el periodo rígido de un año desde que deja el mandato. El dictamen agrupa tres proyectos de ley que fueron tramitados desde diferentes bancadas. El primero es el proyecto de ley 6348, presentado por Alfredo Benites, congresista del Frepap, el 2 de octubre de este año.

El segundo es el proyecto de ley 6509, que tramitó la bancada del Partido Morado, el 21 de octubre de 2020. El tercero es el proyecto de ley 6558, presentado por Leonardo Inga, congresista de Acción Popular, el 27 de octubre de 2020. Por tratarse de una reforma de la Constitución a su artículo 112, el pleno tendría que votarla y aprobarla en dos legislaturas consecutivas.

Como se conoce, el impedimento de salida del país es solo dictado por el Poder Judicial, luego del pedido validado del Ministerio Público. Este procedimiento no distingue entre ex funcionarios u otros ciudadanos. El pasado 13 de noviembre, el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Nacional acogió la solicitud del fiscal Germán Juárez para ordenar este impedimento a Martín Vizcarra. Actualmente, Vizcarra es investigado por, presuntamente, haber recibido sobornos en proyectos de infraestructura cuando era gobernador en Moquegua.

La derogatoria de la Ley Agraria tras las protestas de trabajadores

Con las continuas manifestaciones de trabajadores de empresas agroexportadoras en Ica y otras regiones del norte del país, además de la muerte de un ciudadano el 3 de diciembre en La Libertad, el pleno del Congreso derogó la Ley de Promoción del Sector Agrario (Ley 27360).

Fueron 114 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones los que recibió el proyecto de ley 5759 el último 4 de diciembre. La iniciativa de derogar la norma, de autoría del congresista Lenin Bazán (Frente Amplio), había sido presentada originalmente el 13 de julio de 2020.

A la iniciativa se sumó otra -el proyecto de ley 6716- del 2 de diciembre, con la firma del congresista Juan Carlos Oyola, de Acción Popular, y una más de la misma fecha por parte de la legisladora Luz Cayguaray, del Frepap.

La derogatoria no fue observada por el presidente Sagasti, quien ya había dado su respaldo en mensaje a la Nación.

¿Compromiso real o reacciones apresuradas para el contexto?

En comunicación con El Comercio, el politólogo Paolo Sosa Villagarcía explicó que la oferta de proyectos de ley que se ajusta a cada episodio de coyuntura está sujeta a dos miradas críticas. La primera es que, al no existir un debate técnico lo suficientemente extenso en el tiempo, se cuestiona el compromiso sobre cambios sustantivos. La segunda es que se advierte un ánimo de reconstruir reputaciones en un Congreso saliente que, precisamente, carece de apoyo popular.

“Si fuera el caso de que se quiera hacer cambios sustantivos, tendríamos propuestas mucho más discutidas, con mayor debate, consenso y planificación técnica porque varias de las medidas pueden tener efectos colaterales no deseados. Hay un motivo efectista, que es de responder al cuestionamiento ciudadano y también al de los medios. La otra motivación tiene que ver con los votantes y cómo se les responde. No se piensa en la reelección porque, claro, la reelección inmediata para congresistas no existe, pero sí considero que se están tomando muy en cuenta los costos reputacionales de volver al llano o a la vida política en regiones”, refirió Sosa.

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