El Congreso debe encontrar una vía a esta crisis, afirma el abogado. (Foto: Renzo Salazar)
El Congreso debe encontrar una vía a esta crisis, afirma el abogado. (Foto: Renzo Salazar)
Josefina Miró Quesada

El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso para declarar al Ministerio Público (MP) en emergencia ha generado un debate sobre su constitucionalidad. Principalmente en lo referido a la autonomía de la institución. Para el ex defensor del Pueblo, , es una iniciativa inusual para una situación inédita.

—¿El proyecto vulnera la autonomía del MP?
Primero hay que decir que es una situación inédita. No prevista para nadie. Por tanto, se requieren respuestas no previstas. El proyecto es mejorable. Pero ante esta situación, hay que encontrar salidas innovadoras en el marco constitucional. El Congreso debe encontrar la vía. Debe verse con tranquilidad y prudencia, pero sin perder la velocidad que exigen los cambios en el sistema de justicia. Hay quienes dicen que esto exige una reforma constitucional.

— ¿En qué sentido?
He escuchado a especialistas decir que lo que expresa el proyecto implica cambiar la Constitución para incluir la declaración de emergencia para este tipo de situaciones. No creo que haya en el presidente una voluntad de presentar normas inconstitucionales, sino de promover un debate que nos lleve a encontrar una salida, dado que el propio organismo no ha sido capaz de hacerlo por la situación en la cabeza.

— La propuesta indica que el MP ha dejado de cumplir sus funciones, dados los cuestionamientos a sus altos funcionarios. ¿Coincide?
Yo creo que sí. Nunca la autonomía puede significar no ver que somos parte de una estructura estatal, con fines que van más allá de una institución particular, que son los fines nacionales. La autonomía no es hacer lo que uno quiere o estar por encima de la democracia y la lucha contra la corrupción. Una autoridad debe estar permanentemente leyendo cuándo su presencia en la institución, lejos de fortalecerla, la debilita.

— El proyecto destituye a fiscales que no han sido cuestionados por el caso de Los Cuellos Blancos.
Cuando uno ha visto la trayectoria de ambos, piensa que “justos no deben pagar por pecadores”. Pero cuando busca soluciones institucionales, los nombres deben dejarse de lado para encontrar una salida integral, cuidando que el remedio no sea peor que la enfermedad. Es un riesgo también.

—¿Ha derivado el MP en una institución autárquica?
Hemos estado frente a una estructura que se ha ido armando con el tiempo: tener a tres fiscales supremos cuestionados te habla de una institución que no ha logrado construir eso que ellos quieren defender: la autonomía. Más bien, se ha visto claramente una institución muy influenciada por partidos políticos y poderes de turno. Pero la autonomía es justamente poder plantarse frente a esos poderes para decirles que no es así. Eso es lo que está en cuestión.

—¿Se ha declarado antes en emergencia otra entidad por motivos similares?
Solo el CNM, pero después de destituidos los miembros. En la Constitución, las emergencias están pensadas para situaciones de guerra, desastres naturales o escenarios de violencia. Pero no para instituciones. La magnitud del problema requiere respuestas no escritas en ningún lado. Y eso no significa interferencia o injerencia, sino ponerse a tono con lo que la democracia requiere.