Walter Ayala investigado: ¿cuáles son los presuntos delitos, los argumentos fiscales y las diligencias?

El ministro de Defensa, Walter Ayala y el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, serán investigados durante dos meses por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Las pesquisas se dan luego de las denuncias contra ambos funcionarios del gobierno de Pedro Castillo, sobre una presunta injerencia en el proceso de ascensos del Ejército Peruano y de la Fuerza Aérea, según la disposición fiscal a la que accedió El Comercio.

El general de división del Ejército del Perú (r), José Alberto Vizcarra Álvarez y el general del aire de la Fuerza Aérea del Perú (r), Jorge Luis Chaparro Pinto, revelaron a El Comercio que tanto Ayala como Pacheco, habrían solicitado que se ascienda a oficiales que no estaban propuestos dentro del proceso de ascensos.

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En el documento fiscal se recoge la versión de Vizcarra Álvarez, quien dijo que el ministro de Defensa y el secretario general abogaron por el ascenso al grado de general de brigada de los coroneles EP Ciro Bocanegra Loazya y Carlos Sánchez Cahuancama, quienes serían cercanos al presidente Pedro Castillo Terrones.

En el caso de Bocanegra Loayza, labora en la Casa Militar de Palacio de Gobierno y Sánchez Cahuancama, está asignado al servicio de la primera dama, Lilia Paredes Navarro.

Vizcarra, cabe precisar, también narró a este Diario que el presidente Pedro Castillo, le dijo “por WhatsApp que tenía un encargo sobre los ascensos”. Además, que cuando se reunió con él, en Palacio de Gobierno, el mandatario también le preguntó si ambos oficiales podían ser ascendidos y que tras la negativa, lo respaldó.

Por su parte, Chaparro Pinto reveló a este Diario que tanto Ayala como Pacheco, le solicitaron ascender al general Briceño. Mientras que el titular de Defensa también habría pedido el ascenso de Carlos Castillo y Herbert Vilca.

Hechos a investigar

Por tanto, los actos que habrían desplegado Ayala y Pachecho, según el Ministerio Público, “tendrían relevancia penal” al haberse “interesado y requerido de manera irregular y arbitraria”, con abuso del cargo, los ascensos de determinados oficiales del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú que no habrían sido propuestos por las Juntas de Selección de los institutos armados.

Y, posteriormente, se produjo el cese de ambos comandantes generales del Ejército y la FAP, quienes se negaron a los ascendos propuestos por el ministro de Defensa y el secretario general de Palacio de Gobierno.

Si bien corresponde a la Fiscalía de la Nación investigar a los altos funcionarios con prerrogativa de antejuicio prevista en el artículo 99 de la Constitución Política, como el ministro de Estado Walter Ayala, el documento fiscal precisa que también se dispuso incluir en las pesquisas al al secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, pese a que este no es un alto funcionario.

La razón, se explica, se debe a la estrategia fiscal y al principio de unidad de la investigación por economía y celeridad procesal, ya que ambos han sido implicados en el mismo hecho penal denunciado.

Serán citados

Entre las diligencias fiscales dispuestas por el Ministerio Público para esta investigación, se recabará las declaraciones de los excomandantes generales del Ejército y Fuerza Aérea del Perú, José Alberto Vizcarra Álvarez y Jorge Luis Chaparro Pinto.

Los investigados Ayala y Pacheco también serán citados a rendir sus declaraciones.

El Ejército y a la Fuerza Aérea también deberán enviar la relación de oficiales propuestos por las respectivas Juntas Generales de Selección, para el ascenso al grado de General de Brigada EP y, Teniente General FAP.

En el proceso de investigación se solicitará al Ministerio de Defensa y a Palacio de Gobierno, la relación de las visitas de los los días 11 , 12, 13, 14 y 15 de octubre de 2021, a efectos de verificar la concurrencia a dichas instituciones del excomandante general del Ejército.

En el caso de la Fuerza Aérea del Perú, deberá informar sobre su ficha de datos o reporte de información personal, así como el lugar donde vienen prestando servicios los oficiales Mayor FAP Edgar Briceño Camero, Coronel FAP Carlos Castillo y Coronel FAP Herbert Vilca.

Además, se citará al coronel EP Youri Hurtado Llanos, edecán del Ministro de Defensa, quien habría efectuado gestiones ante el General EP (r) Jorge Vizcarra, para la inclusión de los coroneles Bocanegra Loayza y Sánchez Cahuancama en el cuadro de ascensos.

El Comercio solicitó conocer los descargos de Ayala y Pacheco tras la decisión del Ministerio Público de abrirles investigación preliminar. Hasta el cierre de este informe no respondieron a la solicitud.

Pacheco Castillo, cabe precisar, llegó este jueves hasta Palacio de Gobierno para continuar ejerciendo sus funciones.

¿Están bien tipificados los presuntos delitos?

La Fiscalía de la Nación dispuso la investigación contra el ministro de Defensa Walter Ayala y el secretario general Bruno Pacheco, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal previstos en los artículos 376 y 385 del Código Penal. Ello, sin perjuicio de otros delitos que se logren determinar en el curso de las indagaciones.

El exprocurador adjunto anticorrupción, Iván Meini, sostuvo que a la luz de los primeros hechos denunciados y las declaraciones brindadas sí amerita abrir investigación por el presunto delito de “patrocinio ilegal” y por ello calificó de “acertada” la decisión de la Fiscalía de la Nación.

No obstante consideró que el delito de “abuso de autoridad” puede ser tomado como un presunto ilícito complementario para este caso, que se podría emplear cuando no se pueda aplicar otro delito.

“Yo creo que es una estrategia válida el de investigar por patrocinio ilegal, que a juzgar por el caso que se tiene ahora, es el que se habría cometido. Además, incorporar el delito de abuso de autoridad como una posibilidad alternativa, que por las pesquisas que se vayan realizando ver cuál de esos dos u otros se pueden haber cometido”, dijo.

Meini Méndez explicó que en el presente caso sí hay indicios de un comportamiento de los funcionarios que deben ser investigados. “Sí existe la necesidad de investigar esos comportamientos porque probablemente sean delitos”, apuntó.

Ante los alegatos que dio el ministro de Defensa, Walter Ayala, indicando que no existía delitos pues la ley avalaba su intervención en el proceso de ascensos, el exprocurador reparó en que las normas estipulan que dicho proceso se haga en base a la meritocracia.

Recordó que los ascensos en las Fuerzas Armadas tienen un procedimiento que está regulado y se basa en el principio de la meritocracia. Y, si bien la Constitución indica que los ascensos la autoriza en última instancia el presidente de la República, la propuesta de quiénes ascienden o pasan al retiro, es un propuesta de un consejo de la Fap, EP o la Marina, donde se valoran diversos criterios, entre ellos el de la meritocracia.

“Entonces, la valoración de los méritos para ver quienes ascienden o no, es competencia de esa junta. Entonces, son afirmaciones que hay que ubicar en su verdadero sentido. Es decir, sea ministro o sea presidente, no pueden pasar por alto el criterio meritocrático y eso es lo que aquí se habría intentado pasar por alto. Y aprovecharse del cargo de ministro para intentar pasar por alto este criterio meritocrático, creo que es distorsionar el rol político que debe cumplir un ministro de defensa”, concluyó el exprocurador.

¿Qué penas tienen esos delitos y qué sucede con Pedro Castillo?

El abogado penalista Andy Carrión explicó que las penas podrían llegar hasta cinco años si la fiscalía de la Nación llegase a determinar que se pudo haber cometido un concurso real de delitos.

Explicó que el delito de abuso de autoridad tiene una pena de tres años de cárcel; mientras que el de patrocinio ilegal de dos años.

“Ahora, si van a aplicar el concurso real aplicaría la sumatoria de cinco años. Pero aquí podrían entrar los problemas de concurso, es decir, qué conductas habría desplegado Walter Ayala que podrían circunscribirse dentro del patrocinio ilegal y abuso de autoridad y de allí determinar si habría un concurso real de delito”, explicó.

Sobre la situación del presidente Pedro Castillo, que según las denuncias también se habría interesado en el ascenso de los oficiales del Ejército, precisó que la Constitución establece que no puede ser investigado mientras se encuentre en funciones.

Carrión recordó el caso del expresidente Martín Vizcarra, a quien se le abrió una investigación en la Fiscalía de la Nación por el “Caso Richard Swing”, pero se suspendió las diligencias hasta que el mandatario estuviera fuera del cargo.

“Hay dos interpretaciones. Una que indica que sí se puede investigar, pero no se puede avanzar más hasta que termine su gestión, y la otra es que desde el inicio no puede ser investigado”, comentó.

En todo caso, comentó, si la fiscal decide abrir una caso en su contra, como sucedió con Martín Vizcarra, su proceso es diferente pues en ese lapso los delitos podrían prescribir.

“Como en su caso no puede ser procesado hasta que culmine su mandato, podría darse la prescripción ya que son reglas distintas. Para la imposición de pena (inmediata) sí puede aplicarse un concurso, es decir tres más dos, cinco años. Pero si es prescripción, reza el principio de absorción, el de mayor pena manda, a los dos años prescribiría uno y a los tres años el otro”, comentó.

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