Walter Gutiérrez: “Ayala no debió jamás ser ministro y no puede continuar un minuto más” | Entrevista

LEE TAMBIÉN | Minedu suma nuevos vínculos con la Fenate: los riesgos que implica su flamante viceministro

— Los excomandantes generales del Ejército y la FAP han denunciado presiones del presidente Castillo, el ministro Ayala y el secretario general de la Presidencia Pacheco en el proceso de ascensos de las FF.AA. ¿Qué sensación le deja esta situación?

Si bien el presidente Castillo es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas [FF.AA.], de acuerdo a la Constitución, esto no quiere decir que las competencias que tiene como tal no tengan límite. Él puede nombrar y sacar al jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., pero debe tener en cuenta que este no es un cargo de confianza como el de un ministro, [los altos mandos militares] representan a instituciones de estatus constitucional. Segundo, el presidente debe entender que en un estado constitucional no hay competencias que no tengan un control, el presidente puede destituir o nombre, pero debe fundamentar las razones. Bajo el criterio que está manejando, podría cada mes cambiar al jefe del Comando Conjunto y eso, por supuesto, es un absurdo.

Y, además, la situación se agrava porque [ha existido] un intento de alterar el orden de mérito en el ascenso de los generales y esto tiene, claramente, connotaciones penales. La fiscalía tiene que investigar de manera acelerada, transparente y objetiva. Y, por cuerdas separadas, yo diría que ya se ha configurado una infracción a la Constitución, lo cual abre puertas a una situación aún más crítica que seguramente el Congreso va a contemplar.

— La congresista Chirinos ha presentado una denuncia constitucional contra Ayala. Entiendo que el presidente Castillo no puede ser incluido en esta, durante su mandato…

[…] Pero sí puede ser investigado, recuerde usted que el expresidente Vizcarra está siendo investigado, ese es un antecedente que ya se planteó cuando Vizcarra era presidente, el presidente sí puede ser investigado, aunque no puede ser juzgado. Al margen de eso, yo me estoy refiriendo a una infracción a la Constitución, no a la parte penal.

— ¿El Congreso puede denunciar constitucionalmente a Castillo durante su mandato?

Al margen de Castillo o Vizcarra el presidente puede ser objeto de un juicio político, y esto es por infracción a la Constitución, y a mí me parece sí se habría infringido la Constitución [de la Presidencia]. […] Esto es un juicio político, es el Parlamento el que se encarga por infracción a la Constitución, pero está condicionado.

— ¿Qué artículos?

El 99 y el 100 de la Constitución. Ahora, evidentemente, este es un tema que lo decidirá el Congreso, pero el presidente Castillo puede reconducir su conducta rápidamente, porque déjeme decirle, la renuncia de un ministro no alcanza, nosotros estamos observando que hay un deterioro en la administración pública.

— ¿A qué está condicionada una eventual denuncia constitucional al presidente?

A que se conozcan datos objetivos, la investigación que se va a realizar con ocasión de la denuncia al secretario general [de la Presidencia] puede dar luces respecto a la comisión de delitos tantos por el ministro o, eventualmente, el presidente y a partir de ahí el Congreso puede actuar, en este momento, no.

— La denuncia constitucional tiene como fin la inhabilitación…

El juicio político puede terminar en suspensión, inhabilitación o podrían cesarlo en el cargo, esto es un juicio político.

— El ex primer ministro Walter Martos ha advertido que el presidente Castillo citó a los altos mandos militares que fueron ascendidos para solicitarles su lealtad. Y, efectivamente, el 16 de octubre, asistieron a Palacio, según ha podido comprobar El Comercio. ¿El gobierno está tratando de controlar a las FF.AA.? ¿Qué peligros conlleva eso?

De nuevo, ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas no significa que los mandos militares le deban una lealtad al gobierno y menos al presidente, la lealtad es con el país, con su institución, no existe figura constitucional que habilite al presidente a demandar algún tipo de lealdad. Esto mismo, le digo, también significaría la transgresión, o en el mejor de los casos [para el Ejecutivo], una mala interpretaciones de la Constitución.

— El excomandante general del Ejército José Vizcarra entregó el martes a la Comisión de Defensa y Orden Interno del Parlamento las copias de los mensajes de WhatsApp que recibió del presidente Castillo. ¿El Congreso debe hacer pública esta información? ¿Por qué?

Desde luego, es fundamental que se conozca la información para poder conocer también si es que ha habido alguna infracción objetiva a la Constitución, porque yo he utilizado el condicional “habría”, porque justamente no tenemos una prueba objetiva, sino el dicho del general [Vizcarra]. Necesitamos que se hagan las investigaciones, que se transparenten los hechos para poder afirmar si es una cosa u otra. Y, por eso, precisamente tienen que conocerse esos chats.

— El ministro Ayala presentó, la noche del lunes, una carta donde ponía su cargo a disposición, pero hasta hoy no hay una decisión del presidente Castillo. ¿Su presencia en el MINDEF es insostenible?

El señor Ayala jamás debió ser ministros. Nosotros señalamos claramente, en un comunicado en setiembre, empezando por el ex primer ministro Bellido y otros, que no tenían las competencias, los recaudos académicos, profesionales y trayectoria para poder acceder a una función pública tan importante. A eso me refiero cuando digo que hay un deterioro en el ejercicio de la función pública, estas personas no entienden, no conocen, y no comprenden cuál es el rol que les alcanza cuando asumen una responsabilidad de esta importancia.

— ¿La permanencia de Ayala en el sector Defensa, puede debilitar a la primera ministra Vásquez?

El señor Ayala no debió jamás ser ministro, y no debe continuar un minuto más. Adicionalmente, el hecho de que renuncie o lo saquen, no alcanza, no es suficiente, el presidente Castillo tiene que reconducir su gobierno. Y la presencia de Ayala no solo debilita al Gabinete de la ministra Vásquez, sino a todo el gobierno.

— Hoy el presidente Castillo ha realizado un balance de los 100 primeros días de su mandato. ¿Cuál es su balance de esta primera etapa del gobierno?

Para nosotros, es altamente preocupante cómo se ha conducido el Estado en estos primeros 100 días. En primer lugar, le voy a poner un par de ejemplos. Somos el país con más retraso en el regreso a clases presenciales en la región, estamos en el último lugar y ahí se está afectado el derecho a la educación, salud y alimentación. Lo paradójico es que esto se hace en el gobierno de un profesor, o de profesores.

De otro lado, el 10 de octubre ha vencido el plazo para reglamentar la Ley del Cáncer, y hasta ahora el gobierno no lo hace. También miré usted, el número de ministros que han caído, los ministros que no conocen su cartera, que no tienen las competencias, que no tienen ideas, y por eso que digo que hay un desgaste acelerado en la buena administración pública. Consideramos que estos 100 días son realmente inquietantes porque, salvo el caso de Salud, yo diría que prácticamente todos los sectores se han visto muy retrasados.

— ¿Y qué nota le pondría al gobierno?

No quisiera entrar en ese tipo de evaluación, simplemente está completamente desaprobado. En la práctica, los profesores están en huelga, no hay clases [presenciales], han puesto como condición de que se mejoren todas las brechas que existe de infraestructura, todas las brechas en el sector. Con ese criterio, vamos a pasarnos no un año, sino dos o tres años hasta que se resuelvan todos estos temas que no son de ahora, sino de hace mucho tiempo para que decidan regresar a clases. Aquí hay una huelga camuflada.

— En el sector Educación, el ministro Gallardo está por tumbarse la evaluación a los docentes…

Eso es un absurdo, no tiene ningún fundamento, porque resulta que los profesores que van a evaluar a los alumnos no quieren ser evaluados, la educación pasa entre otras cosas por un proceso de aprendizaje, conocimiento y evaluación, y no es posible que nada menos que el ministro quiera exonerar a los profesores de la evaluación.

— ¿Y cómo se interpreta que hayan nombrado como viceministro de Gestión Institucional a Roy Palacios Avalos, dirigente del Fenate?

Que no es un gobierno de profesores, sino de sindicalistas. A nosotros nos parece muy importante la reivindicación de los trabajadores, pero existen derechos como el de la educación de nuestros niños que debe respetarse. El presidente Castillo debe entender que él no es un sindicalista, él es ahora el presidente de la República, y tiene que asumir esas competencias con la mayor responsabilidad.

— ¿Le preocupa la contrarreforma que está impulsado el ministro de Transportes y Comunicación? ¿Qué significa una amnistía de papeletas y la renovación de licencias por 10 años?

Justamente, a eso me refiero cuando digo deterioro de la administración pública, porque el señor Silva, el presidente de EsSalud y los jefes de algunos organismos reguladores, son personas que no solamente carecen de experiencia, sino que vienen a contramano de las reformas o los avances que se había hecho. Por eso, reitero, hay un acelerado deterioro de la administración pública que hay que detener, el presidente Castillo debe detener esto lo más rápido posible.

— A Silva se le escucha en un audio ofrecer las cabezas de las jefas de Sutran y ATU. A la primera ya la retiró. ¿El titular del MTC debe dejar el cargo por estas grabaciones?

Este es otro ministro que claramente no tiene las competencias, no se puede gestionar una cartera de la manera cómo lo está haciendo, y no solo Silva, sino otros ministros, que lejos de sacar adelante las reformas o modernizar su sector, lo que hacen es desmontar todo aquello que se ha avanzado, y más bien introducir nuevamente un porcentaje importante de informalidad.

— El Ejecutivo también ha solicitado facultades legislativas para realizar una reforma tributaria. ¿El Congreso se las debe dar?

No, desafortunadamente, el gobierno no ha dado muestras de un buen manejo de la gestión pública, como ya lo he repetido varias veces. No es el momento para estar dando facultades y afectar más todavía la economía que recién se está reactivando. A nosotros nos gustaría saber más bien qué es lo que va a hacer con los recursos que pretende recabar. La mejor manera de recabar más dinero es generar confianza, es que la economía crezca, no se trata simplemente de poner más impuestos. Aquí de lo que se trata es que nos informen qué van a hacer con los impuestos y qué están haciendo con la parte del presupuesto, sobre todo, en la inversión que no se logra ejecutar.

— Han pasados dos meses desde que el Consejo de la Prensa Peruana y el IPYS le pidieron al presidente Castillo firmar las declaraciones de Chapultepec y de Salta. Hasta hoy no hay una respuesta. ¿Está en peligro la libertad de expresión?

Estamos muy preocupados por la poca transparencia, la falta de pluralismo que promueve el gobierno, y por la actitud hostil que tiene el gobierno con la prensa […] Nosotros hemos terminado ya una supervisión, hemos hecho una supervisión sobre determinados parámetros, estándares sobre la libertad de expresión que la próxima semana lo vamos a hacer público.

— ¿Y cuáles han sido las principales conclusiones?

Desafortunadamente, el gobierno en este rubro también sale jalado. Una de las más importantes [conclusiones] es la intolerancia de los funcionarios al escrutinio de la prensa. Existe un estándar que se denomina “estándar de mayor umbral de tolerancia”. ¿Qué significa esto? Que todos los funcionarios públicos tienen que tolera que la prensa, que la ciudadanía los escrute y someta a vigilancia. Y nada menos que el presidente y un abogado, el doctor Palacin, denunciaron a un canal de televisión, pretendiendo que se le sancione administrativamente, esto revela una intolerancia respecto a la función que cumplen los medios de comunicación. Y si usted escucha los discursos del presidente Castillo también va a encontrar ahí, una narrativa en la que él tiene una actitud confrontacional con todos los medios de comunicación o, por lo menos, con la mayoría. Y muchos de sus ministros tienen la misma narrativa.

— La Defensoría del Pueblo, en un informe que emitió en setiembre, alertó que existen 198 conflictos sociales (142 activos y 56 latentes). ¿Existe un riesgo de un desborde?

Claramente, estamos viendo un desborde en este momento y creo que evidencia que el uso político de los conflictos no conduce a ningún lugar. Recuerde usted cómo quiso solucionar el problema de Las Bambas el expresidente del Consejo de Ministros [Guido Bellido], montado en un caballo, tomándose fotos, pero al final del día sin ningún tipo de acuerdo efectivo. El problema básicamente es la falta de institucionalidad. El Estado no tiene un registro de todos los acuerdos que se han tomado en distintos conflictos, y al no tener un registro, tampoco tiene un seguimiento de estos acuerdos, lo cual hace que se incumplan y los mismos conflictos reaparezcan. Frente a eso, la Defensoría del Pueblo ha planteado que se cree una oficina de seguimiento de estos acuerdos, que, además, debería estar en la Defensoría, porque en la PCM la rotación de funcionarios es demasiada [alta], y no permite que las competencias que se ganen, se preserven.

— El Congreso también ha cumplido hace poco 100 días. ¿Cuál es su balance de ese poder del Estado?

A nosotros también nos preocupa, porque el Congreso tiene que entender que en sus manos está el principal acto de poder, que es el poder legislativo. Esto significa que el Congreso tiene que ocuparse, preocuparse por dar leyes que puedan contribuir a fortalecer la institucionalidad. Por ejemplo, la contraloría ha presentado un proyecto para que se implementen perfiles de acceso a determinados cargos públicos de ministros hacía abajo. La Defensoría ha presentado un proyecto sobre filtros legales y constitucionales para ser ministros, no tendríamos los problemas que tenemos hoy si esas normas existieran. También hemos presentado una iniciativa sobre el Consejo de Estado. Desafortunadamente, ninguna de estas propuestas ha sido aprobada por el Congreso. Entonces, en este punto, el Congreso también está en deuda.

— Un sector de la oposición ha levantado el discurso de la vacancia presidencial. ¿No es un exceso?

Yo creo que interrumpir los ciclos de gobierno no le hacen ningún bien al país, de lo que se trata es que el Congreso cumpla su papel, el papel de representar, fiscalizar y legislar. Y que el Ejecutivo cumpla con la Constitución y su papel de gobierno con un poder controlado, como es todo poder en un sistema constitucional. Ambos poderes políticos tienen que comprender que han sido elegidos para cooperar, para desarrollar el país en conjunto, y materializar derechos fundamentales, no para estar en una disputa permanente.

— Su mandato en el Defensoría del Pueblo venció el 5 de setiembre…

Yo he informado con anticipación que el mandato ha terminado. El Congreso debe convocar a la elección del nuevo defensor. Desde mi punto de vista, debe hacerlo lo más pronto posible. Yo me voy a quedar un tiempo razonable, algunos meses y luego de eso culminará mi gestión.

— ¿Cuánto es un tiempo razonable?

Eso para mí tiene que ver con la situación del país, no pienso quedarme muchos meses, no por asomo un año. Estoy hablando de pocos meses, pero lamentablemente, el Congreso, de media, se ha demorado cinco años para elegir al defensor del Pueblo. Walter Albán estuvo encargado, cinco años, igual Eduardo Vega. Siempre ha sido difícil elegir un defensor, más que los propios miembros del Tribunal Constitucional. Aprovecho para exhortar al Congreso a que pongan todo el esfuerzo y empeño para elegir a un nuevo defensor o defensora.

— Si el Parlamento no elige a su sucesor, ¿quién sería el encargado de la Defensoría del Pueblo?

No quisiera que crean que me voy a quedar 10 u 11 meses, sino algunos meses. Los mismo que hicieron Beatriz Merino y Jorge Santisteban, dejar al primer adjunto, en este caso primera, la doctora Eugenia Ferrán.

VIDEO RECOMENDADO:

TE PUEDE INTERESAR:

• Bruno Pacheco: el hombre en la sombra de Pedro Castillo | PERFIL
• Walter Ayala, el cuestionado ministro de Defensa que también se resiste a renunciar | PERFIL
• Chats claves sobre presiones por ascensos en FF.AA. quedan en manos del Congreso
• Pedro Castillo y Walter Ayala: ¿cuáles serían las consecuencias penales de denuncia sobre ascensos y a quiénes alcanzaría?
• José Vizcarra: “El presidente [Pedro Castillo] me dijo por WhatsApp que tenía un encargo sobre los ascensos” | ENTREVISTA
• Pedro Castillo presentó en Ayacucho su balance de los primeros 100 días de Gobierno | VIDEO