La informalidad laboral en el Perú está en un promedio de 73%, pero en los departamentos de la sierra, como por ejemplo Puno, Huánuco o Huancavelica, se eleva a 88%, mientras que en Lima baja al 65%. Así lo señaló José Carlos Saavedra, socio de Apoyo Consultoría, durante CADE 2018.
A nivel provincial y rural, sostuvo, los niveles de informalidad crecen por sobre el promedio nacional porque las empresas tienen una mayor dificultad para poder ofrecer el sueldo mínimo vital (S/ 930). El ingreso promedio en Puno, detalló a manera de ejemplo, está en S/820, lo cual es menos del salario mínimo, mientras que en Lima es casi el doble (S/1.580).
Eso significa que para una pequeña empresa limeña es más sencillo formalizarse, porque podrá cubrir las obligaciones de ley atendiendo a la expectativa de sueldo de los trabajadores, lo cual es mucho más difícil de lograr al interior del país.
En Estados Unidos y en muchos otros países, dijo, el salario mínimo corresponde a la mitad del salario promedio nacional, mientras que en nuestro país tenemos zonas en donde equivale al 75% y otras en donde incluso es superior al ingreso promedio.
Ante esta situación, Saavedra recomendó a las autoridades modificar la forma en que se estructura el salario mínimo para que este sea adaptado a las condiciones propias de cada zona geográfica. “Ese es un camino certero para reducir la informalidad”, señaló.
Recetas clásicas La revisión del salario mínimo de acuerdo a las zonas geográficas, empero, no fue la única solución propuesta durante el CADE 2018 para combatir la informalidad. Los expertos recordaron que las recetas de siempre son eficientes, lo que falta es ponerlas en práctica.
Sandro Fuentes, socio del Estudio Rodrigo, pidió a los empresarios optar por un cambio de mentalidad. “Nos hemos acostumbrado a convivir con la informalidad, pero no es la Cordillera de los Andes: podemos y debemos desterrarla”, resaltó.
Jorge Lazarte, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Intercorp Retail, precisó que se necesita sincerar y simplificar la legislación laboral y tributaria.
La reducción de barreras burocráticas, añadió, ha sido dinámica en el Indecopi, pero los municipios siguen creando directivas que traban los procesos corporativos.
Cambiar esta situación no debe depender solo de las autoridades sino del mismo empresario, recalcó, quien necesita analizar la racionabilidad de las medidas que les imponen y reclamar cuando estas sean inviables. “No podemos tener una obediencia ciega. Hay que reaccionar y sugerir los cambios pertinentes”, dijo.
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