La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) rechazó las expresiones públicas vertidas por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, en contra de empresas concesionarias de asociaciones público privadas (APP). Asimismo, exhorta al Gobierno a no retroceder en estas asociaciones, ya que se necesita de ellas para eliminar la brecha social y de infraestructura.
El gremio considera importante diferenciar las obras públicas de los contratos de concesión de APP, en los que la relación del Estado con los privados es a largo plazo, independientemente del gobierno de turno, por lo que la institucionalidad y la preparación del personal técnico del concedente es indispensable para el éxito de los proyectos.
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En ese sentido, Leonie Roca, presidenta de AFIN, señaló hoy durante una entrevista con RPP, que solo en transportes se administran US$16.627 millones en contratos de concesión, suscritos por el Estado peruano, en tanto que la inversión en telecomunicaciones asciende a más de US$20.000 millones.
“De otro lado, en el Plan Nacional de Infraestructura existe una cartera pendiente de otros proyectos por US$8.974 millones (sin contar IGV), esta inversión generaría más de 499.000 puestos de trabajo para los peruanos y evitaría la profundización de la crisis económica que atravesamos”, agrega.
Además, el gremio informó que las concesiones y las APP de las empresas asociadas a AFIN, generaron US$8.529 millones de inversión entre el 2017 y 2020, además de más de 1 millón de puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos solo en el 2019 (6,8% de la PEA).
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“Estos dos sectores han contribuido a mejorar los servicios públicos en el país, prestando servicios esenciales ininterrumpidamente durante la pandemia, por lo que solicitamos al señor ministro convocar a las empresas privadas concesionarias para acelerar el trabajo que realizan y liberar las trabas existentes. Pedido que se viene reiterando hace varios años, sin éxito hasta el momento”, sostiene AFIN en un comunicado.
Asimismo, señalan que existe una gran brecha social y para eliminarla el Estado peruano necesita el apoyo del sector privado y no hacer declaraciones que desalienten la inversión privada afectando la seguridad jurídica en el sector.
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“Necesitamos avanzar en desarrollo de la infraestructura en el país con foco en el ciudadano, y para ello se requiere una contraparte que pueda liderar ese desarrollo que nuestra población está anhelando. No vayamos en retroceso”, finalizó el documento.
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