El hambre es un problema que debe ser atendido en el país y por parte de los diferentes actores, tanto el Estado como las empresas y la sociedad civil, consideraron los participantes del espacio ”Lucha contra el hambre” realizado en el segundo día en CADE Ejecutivos 2022.
En este tema, Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), señaló que actualmente hay un 11,% de menores de 5 años que enfrentan un problema de desnutrición, mientras que cada 4 de 10 menores de 36 meses afrontan un problema de anemia. A ello se suma el problema del hambre que se volvió un aspecto central, pero que anteriormente ya no era un problema en el país, sostuvo.
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“En el 2012, en el Barómetro de las Américas, se preguntó a las familias peruanas si es que por falta de dinero en los últimos tres meses se habían quedado alguna vez sin alimentos en su casa. 17% respondió en el 2012, cuando el nivel de pobreza el mismo que hoy, 26%. Repetimos esta pregunta en junio de este año [2022] y 44% de los peruanos respondió que alguna vez en su casa se quedaron sin alimentos por falta de dinero. 61% [estaba] en el estrato socioeconómico D y E”, expresó Trivelli.
Vasco Masías, presidente del Grupo Alimenta, apuntó a que si bien las ayudas del sector privado en la lucha contra el hambre han ayudado, precisó que estas son de manera aislada, por lo que consideró que estos esfuerzos desde el lado empresarial se deben realizar de manera coordinada y posteriormente pueda escalar a convertirse en política pública.
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“Si no logramos que esos esfuerzos lo coordinemos entre todos y que eventualmente lleguen a ser política pública, no vamos a lograr gran cosa. [...] Buscar sinergias, encuentros, cómo juntos tenemos una visión de cómo lo vamos a resolver y juntos me refiero a empresarios, el Estado, las asociaciones civiles, nosotros como país”, señaló.
A su vez, Aníbal Velásquez, oficial nacional senior de Políticas Públicas y Alianzas del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Perú, indicó que se necesita de inversión para trabajar en la ayuda contra el hambre, así como la realización de alianzas público-privado.
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“Hay posibilidades de trabajar investigaciones de desarrollo con fondos de protección de responsabilidad social para que puedan escalar a política pública y hacer sostenible estas intervenciones. tenemos estas experiencias que creo pueden ser el inicio a este problema que estamos enfrentando.
Ollas comunes
Abilia Ramos, presidenta de la Red de Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho y Vicepresidenta de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, explicó que la pandemia generó un proceso de organización en las ollas comunes, así como se logró la publicación de una norma donde tengan reconocimiento, así como han estado realizando la recuperación de alimentos.
Desde las ollas comunes, agregó, han venido adquiriendo pescado del programa “A comer pescado”, así como realizar polladas o venta de alimentos para poder adquirir balones de gas. Otras acciones que han realizado son la venta de productos en ferias para tener ingresos.
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“Ahora venimos haciendo ferias para que podamos vender nuestros productos. En la olla común se cocina, pero no hay ningún pago. Al generar esas ferias, tendríamos [ingresos] para pagar la luz, el agua, la educación de nuestros niños”, acotó.
No obstante, las ollas comunes continúan afrontando retos. Por ello, Ramos solicitó que el Estado declare el estado de emergencia alimentaria, ello con el fin de que el Estado les pueda otorgar un “presupuesto digno”, además de que se aplique una ordenanza de agricultura urbana para replicar la implementación de huertos en más comunidades.
Asimismo, solicitó al sector empresarial apoyo para la movilización de alimentos, además de la generación de trabajos. También expresó que se necesita crear una mesa de trabajo entre los empresarios para impulsar las acciones que ya han venido realizando las ollas comunes.
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