Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo, comentó en Rumbo a Perumin que es una exageración afirmar que el país se opone a la minería, debido a que sólo un mínimo porcentaje (12%) de los 82 conflictos socio-ambientales activos relacionados con esta actividad son ‘conflictos de oposición’.
“La mayoría de los conflictos son de relacionamiento (convivencia). Es un mito decir que hay oposición a la minería”, dijo. Precisó que esto no quita gravedad a los conflictos mineros, porque uno solo puede ser muy dañino, en tanto es capaz “de afectar a toda una provincia o región”.
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Sin embargo, señaló que, mirado el mapa de la minería, donde se pueden contar cerca de 1.000 operaciones de explotación y exploración, la conclusión es que los conflictos no son tan numerosos ni cotidianos como uno se puede imaginar.
Gutiérrez aprovechó su presentación en Perumin para anunciar que la Defensoría del Pueblo busca implementar una unidad dedicada a perfeccionar los procesos de diálogo y hacer el seguimiento a los acuerdos firmados entre las empresas mineras y las comunidades.
Explicó que muchas veces estos no se pueden implementar debido a que están mal diseñados o a que están redactados de manera ambigua. “Si contáramos con una unidad de seguimiento, podrían evitarse y gestionarse eficientemente los conflictos”, dijo.