El COVID-19 trajo como consecuencia la necesidad de hacer un uso masivo de los recursos financieros disponibles del país a fin de contener la fuerte ola de contagios y fallecimientos.
Durante el 2020, al Perú le tocó poner en marcha una serie de políticas que combinaron decisiones en el ámbito sanitario y socioeconómico. Los resultados para la sociedad fueron estrepitosos si se tienen en cuenta los resultados récord en número de fallecidos y contagiados, y el fuerte quiebre del aparato productivo debido a la pésima articulación de políticas que impidieron desarrollar la necesaria infraestructura de emergencia durante las dos olas de contagio, así como por la absurda decisión de implementar una de las políticas de confinamiento más estrictas y “eternas” del mundo.
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Tal como se observa en la tabla, el indicador de resiliencia de Bloomberg muestra al Perú como uno de los países con peor desempeño en la gestión de la pandemia, no obstante haber contado con amplio espacio fiscal para enfrentarla.
Así, esto terminó derivando en la pérdida de casi un millón de empleos formales, el incremento de la tasa de informalidad a 75%, y una mayor tasa de pobreza que aumentó en 10 puntos. Más allá de lo alarmante de estos resultados, están también los daños permanentes que se pueden haber causado a la salud, capital humano y perspectivas de salir de la pobreza, que ya varios estudios vienen anticipando.
Todo lo anterior a pesar de que el país implementase un paquete de estímulos que ascendió al 20,6% del PBI. Luego de ello, el déficit fiscal en el 2020 terminó alcanzado el 8,9% del PBI, mientras la deuda pública llegaba a 34,8% del PBI.
Considerando que los problemas sociales están lejos de haber quedado solucionados, todo indica que será necesario que el Estado continúe inyectando mayores estímulos que terminarán elevando aún más el ratio de deuda pública.
En efecto, el Fondo Monetario Internacional en su reciente informe del artículo IV sugería que el ratio de deuda sobre PBI podría incrementarse hasta cerca del 40% del PBI, con el fin de dar atención a las serias necesidades sociales.
Ciertamente, uno podría concluir que el Perú puede endeudarse hasta los niveles sugeridos si consideramos que países con similar calificación de riesgo tienen ratios de deuda superiores al 50% del PBI. Pero habría que tener en cuenta que el Perú tiene serias deficiencias en otros aspectos que las calificadoras de riesgo consideran para otorgar sus calificaciones.
Así, en el gráfico que acompaña este artículo se describen algunas variables estructurales que analiza Moody’s en la valoración de la deuda de los países, comparando al Perú con otros de similar calificación (A3). Si bien resaltan claramente las fortalezas fiscales y en reservas internacionales, sus debilidades son enormes en control de la corrupción y efectividad del gobierno, teniendo mucho que mejorar en términos de competitividad y nivel de PBI per cápita.
En conclusión, habría espacio para endeudarse más, pero no mucho más. Y, además, habrá que generar credibilidad ante los mercados de que seremos capaces de pagar ese mayor endeudamiento a futuro.
¿Y cómo generar esa credibilidad? Aunque la tarea no será fácil, habrá que tomar en cuenta algunas líneas maestras ineludibles.
La primera es que será obligatorio crecer sosteniblemente, basado en mejoras de productividad. Esto solo puede ser logrado dando confianza a la inversión privada, la única capaz de generar empleo de manera sostenible. Un crecimiento vigoroso permitirá reducir los ratios de deuda y déficit fiscal, así como dar mayor espacio a la reconstrucción de la base tributaria.
La segunda línea, sin duda, va por el desarrollo de una reforma tributaria seria que debería empezar a consensuarse ya, aunque su aplicación probablemente debería pensarse para el 2023. Pero esta acción no será posible sin una tercera línea maestra que busque que el Estado recomponga su legitimidad ante la sociedad.
Mientras la sociedad perciba al Estado como corrupto, que desperdicia los impuestos que paga el ciudadano, y que es poco efectivo en la ejecución, será casi imposible que consiga generar ese consenso para conseguir potenciar su potencial recaudatorio.
Estos tres pilares son fundamentales para aspirar a una política expansiva que calme la ansiedad social y que al mismo tiempo preserve los principios de estabilidad fiscal que tanto le ha costado construir al Perú.
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