Empresas operadoras fueron multadas con más de S/ 20 millones por vender chips en la calle

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que, de 2020 a marzo de 2022, se han impuesto multas por más de S/ 20 millones a las empresas operadoras que incurrieron en la venta de chips de telefonía móvil en la vía pública.

De los S/ 20′565.000 con los que se sancionó a las compañías por incurrir en esta práctica, pese a estar prohibida, el mayor monto corresponde a Telefónica con S/ 6,26 millones (30%); seguido de Bitel, S/ 5,40 millones (26%); Entel, S/ 4,48 millones (22%) y Claro con S/ 4,42 millones (22 %).

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Para reforzar la normativa vigente, el Osiptel propuso un proyecto de ley que especifique la prohibición de la venta ambulatoria o en la vía pública de chips de telefonía móvil, así como en lugares que no cuenten con una dirección específica reportada al regulador.

Ante la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco) del Congreso de la República, se expuso esta problemática que genera el mal uso de datos personales y representa un peligro para la seguridad de los usuarios.

En ese sentido, el organismo regulador señaló que para la reposición de chips, además de la verificación biométrica y de la contraseña única, las empresas deberán exigir la presentación del documento de identidad del abonado.

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“El chip se activará recién cuatro horas después de presentada la solicitud. Durante ese tiempo la empresa debe enviar dos alertas obligatorias (mensaje de texto y correo electrónico) al cliente informándole del hecho”, precisó.

Además, indicó que el trámite se hará en los centros de atención de la empresa y los puntos habilitados para atención en provincias, previamente reportados al Osiptel, y se obliga a mantener la trazabilidad del proceso de venta exigiendo a su vez la identificación del asesor que la realiza.

Las empresas también estarán obligadas a brindar al abonado la información y documentación sobre los trámites que cuestione o desconozca para que pueda usarlas en eventuales procesos contra estafa o apropiación ilícita de fondos mediante fraudes.