La aprobación del ‘IGV justo’ –que permite el pago diferido del IGV por parte de las pymes a 90 días– podría afectar la meta fiscal trazada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el 2017 –un déficit de hasta 2,5% del PBI– y la ejecución del programa de inversión pública que el gobierno tenía previsto desarrollar. Así lo indicó a El Comercio el economista y del PAD de la Universidad de Piura, Juan José Marthans.Follow @EconomiaECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
“El MEF tiene la obligación ahora de decirnos cuál es la magnitud de recursos que tendrá disponible para acompañar a las asociaciones públicas y la inversión pública”, señaló el especialista. Recordó que a la menor recaudación de más de S/1.000 millones, por el IGV justo, se sumaría la potencial menor recaudación por la disminución de un punto porcentual de la tasa de este impuesto –que pasaría de 18% a 17%–.
En ese sentido, Marthans consideró oportuno que el gobierno postergue la reducción de la tasa de este impuesto por 12 meses, cuya implementación está prevista para enero del 2017.
“Tal como se ha aprobado la norma de ‘IGV justo ‘[viable para empresas con ventas de hasta 1.700 UIT (alrededor de S/6,2 millones)], ya no existe margen para acompañar el proceso de reactivación expandiendo inversión pública”, explicó el economista.
El gobierno ha indicado que el ‘IGV justo’ implicará una menor reducción para el fisco cercana a S/1.114 millones, pues cada año fiscal tendrá un desfase de 90 días. El Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado que se daría una reducción de más de S/1.000 mlls. por cambios al IGV.
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