El 2025, de acuerdo con la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, cerró con una ejecución de inversiones públicas que superó los S/60 mil millones, la cifra más alta registrada históricamente en el país. Dicho monto representó un incremento superior al 16% respecto al año anterior, lo que consolida 5 años de crecimiento consecutivo a una tasa de dos dígitos. Por el lado de la capacidad de ejecución del presupuesto de inversiones, también se alcanzó un máximo histórico consolidado del 85,2% que se compara con el 81,6% del 2024 y el 75,4 % del 2023. En el 2025, poco más de un tercio del total ejecutado (38,8%) correspondió al gobierno nacional y el resto, a los gobiernos subnacionales.
Esta política expansiva de la inversión pública –característica de la gestión presidencial de Dina Boluarte– ha sido resultado, por un lado, de la política de convivencia pacífica entre los poderes Ejecutivo y Legislativo que se reflejó en atender prioritariamente las demandas de proyectos de los partidos políticos representados en el Congreso de la República y, por extensión, de los sectores nacionales (ministerios) y gobiernos subnacionales que ellos manejaron durante el período 2023-2025. Por otro lado, fue resultado también de la visión keynesiana imperante en los ministros de Economía de turno, lo que implicó alejarse de la ortodoxia fiscal a cambio de cierto mayor dinamismo en el crecimiento.
El haber priorizado la inversión pública a partir de las demandas políticas específicas sin tener una visión prospectiva del desarrollo se ha reflejado en que, a pesar de ser uno de los países que más inversión pública ejecuta en América Latina, no se han cerrado las principales brechas de acceso a servicios básicos (salud, educación, agua y saneamiento, seguridad) y sus indicadores de calidad no han mejorado de manera significativa y hasta en determinados casos –como en agua y saneamiento– se han deteriorado. Todo ello se resume en que, por ejemplo, la pobreza que mide el INEI sigue en la actualidad por encima de 7 puntos porcentuales por encima de lo que se registraba el 2019, previo a la pandemia. Para ilustrar esta desvinculación entre planeamiento y ejecución de inversiones, basta mencionar que durante el año que recién terminó se ejecutaron más de 172 mil inversiones que no habían sido consideradas en el presupuesto 2025 aprobado por el Congreso de la República y sólo casi 53 mil sí habían sido consideradas en dicho documento. Es decir, dos tercios del presupuesto modificado fue destinado a proyectos que se decidió ejecutar a lo largo del año de manera discrecional.
Un informe reciente sobre las finanzas públicas en el Perú elaborado por el Banco Mundial, muestra que el desalineamiento entre los distintos sistemas administrativos del Estado (en especial el de planeamiento estratégico y el de presupuesto público) lleva a una mala ejecución de la inversión pública que se refleja en retrasos en la ejecución física y abandono de proyectos, a lo que habría que añadir que dicho manejo termina generando también un campo de cultivo muy fértil para prácticas de corrupción. Es imprescindible que los partidos políticos que participarán en estas elecciones generales presenten propuestas concretas orientadas a mejorar la eficiencia en la inversión pública en el Perú.