Gobierno prepara división de los activos de Petro-Perú, incluyendo la refinería de Talara: ¿qué más traería el nuevo decreto?

Momentos de tensión se viven en Petro-Perú tras sus fracasados esfuerzos por conseguir un nuevo rescate del Gobierno que lo salve de la debacle financiera.

Y es que hasta el pasado 22 de diciembre el directorio y la gerencia de la empresa venían insistiendo en lograr una transferencia de recursos o un préstamo con garantías del Estado para paliar sus problemas de liquidez.

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Esto se terminó, sin embargo, con la remoción (ese mismo día) de Luis Canales, quien en su cargo de presidente del directorio venía bregando por impedir “cualquier medida que implique una privatización de los activos de la empresa”, señalaron fuentes del sector.

De allí su sustitución por la ingeniera Elba Rojas Álvarez, quien sería la carta elegida por el MEF para llevar a buen puerto el nuevo plan trazado para la estatal: la escisión de sus activos estratégicos y no estratégicos en “uno o más bloques patrimoniales o fideicomisos” que “pueden incluir a la nueva refinería de Talara”.

Esto, con la finalidad de permitir el “marco legal vigente” que garantice la sostenibilidad de Petro-Perú.

Así lo señala el borrador del Decreto de Urgencia (DU) que el MEF ha preparado para tal efecto y al cual este Diario tuvo acceso.

La norma, que lleva por título: “Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera y dispone la reorganización patrimonial de Petroperú”, encargaría a ProInversión “el diseño, conducción y ejecución integral del proceso de reorganización patrimonial” de la empresa.

En esa línea, faculta a la agencia estatal a “estructurar, negociar y suscribir con la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) u otras entidades autorizadas, en calidad de fiduciarios, los contratos de fideicomiso de administración, garantía, flujos o de otro tipo que resulten necesarios”.

Dichas decisiones, precisa el DU, tendrán carácter vinculante para Petro-Perú y deberán ser ejecutadas por el directorio y gerencia general “en un plazo máximo de cinco días hábiles de recibida la decisión respectiva, bajo responsabilidad funcional”, se lee en el borrador del documento.

Agrega que los flujos y recursos generados por los bloques patrimoniales se destinarán, de manera prioritaria, al pago de pasivos operativos críticos necesarios para garantizar la continuidad operativa de las unidades de negocio que determine Proinversión y el pago de las obligaciones financieras de Petro-Perú.

Finalmente, la norma ordena al nuevo directorio presidido por Elba Rojas a que apruebe una nueva estructura orgánica e implemente medidas de reconversión y reducción de personal “en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la vigencia de la norma”.

REACCIONES

El DU debe ser publicado en el transcurso de esta semana, según dio a conocer la titular del MEF, Denisse Miralles, en conversación con este Diario.

La inminencia de su promulgación genera, sin embargo, mucha inquietud en el personal de la petrolera estatal.

Así, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. (STAPP) emitió un comunicado instando al Gobierno a que dé marcha atrás en la publicación de la norma porque “lejos de contribuir a superar la situación de Petroperú, la colocan al borde de la quiebra y la vuelven apetecible para intereses privados”.

Agregó que cualquier reestructuración debe basarse en “un diagnóstico técnico, evidencia verificable y una hoja de ruta integral” que prioricen la continuidad del abastecimiento de combustibles, la sostenibilidad financiera de la empresa y su gobernanza profesional.

En ese sentido, demandó la publicación de una “hoja de ruta real”, con etapas, responsables, metas operativas, medidas de gobernanza y salvaguardas de abastecimiento.