Ha comenzado oficialmente el “Año de la consolidación y recuperación de la economía peruana”. Las primeras proyecciones vislumbran un 2025 que crecerá alrededor de un 3%, con dos momentos muy marcados: un primer semestre de crecimiento y una segunda mitad del año de ralentización debido al período preelectoral. El empleo seguirá una dinámica similar. Un informe de Apoyo Consultoría sugiere que la generación de puestos de trabajo formales crecerá a tasas del 4% en el primer semestre, pero esta cifra caerá al 2% hacia la segunda mitad del año.
A pesar de ello, es posible que el 2025 cierre alineado con lo proyectado por los analistas, similar al crecimiento económico registrado en el 2024 y muy cerca del PBI potencial. Esto sería resultado del rebote estadístico que se espera para el primer trimestre y de la recuperación de sectores no primarios como la manufactura y la construcción.
Sin embargo, la verdadera consolidación, aquella que más preocupa y que se le exige al Gobierno, es la del gasto fiscal. Con un déficit desbordado y una trayectoria que apunta a nuevos incumplimientos, los mensajes no han estado a la altura de las expectativas. Que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas declare en la primera conferencia del año que “el déficit fiscal no es sostenible”, a estas alturas, es un refrito.
Una mejor señal habría sido que el 2025 sea “El Año de la recuperación de la senda hacia la consolidación fiscal”. Esto, acompañado de un plan estructurado para controlar el gasto—un programa de austeridad que realmente funcione—y una estrategia clara para reducir la evasión y la elusión tributaria, podría haber tenido un impacto significativo. Uno que habría sido bien recibido por el mercado, las agencias calificadoras y, además, habría delimitado la cancha al Legislativo. Al final, estas son acciones que sí están exclusivamente en manos del Ejecutivo.