Los traficantes de tierras deciden hoy, en el Perú, cómo crecen las ciudades. Obligan a las familias que necesitan un techo a pagar en efectivo y sin comprobante de pago por un pedazo de tierra robada, sin agua, desagüe, luz ni título de propiedad. Así, las condenan a vivir en la miseria durante unos 15 años, hasta que reciben los servicios públicos.
La desidia de las autoridades se convierte en su principal aliada, evitando así la generación de vivienda formal. Estas mafias delincuenciales siembran candidatos en alcaldías que luego “regularizan” el tráfico de terrenos, generando un círculo vicioso que nunca termina. El costo para el Estado de darle servicios a cada lote ilegal es más de S/.120 mil, equivalente a tres subsidios del programa Techo Propio. Un estudio de GRADE identificó que el 93% del suelo urbano creado desde el año 2001 son urbanizaciones informales sin servicios completos.
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¿Cómo combatimos a estos delincuentes? Convirtiendo la vivienda formal en una alternativa viable frente a la “oferta” ilegal. Desde hace 20 años, programas como Techo Propio y MiVivienda promueven la vivienda formal gracias al subsidio del Estado y el acceso al crédito. Millones de peruanos viven en un lugar digno con servicios y título de propiedad desde el primer día. No hay nada que odie más un traficante de tierras que los programas de vivienda de interés social.
Hace cinco años, existe una reglamentación especial del Ministerio de Vivienda que promueve la edificación de viviendas de interés social, con parámetros urbanísticos especiales. Hace unos meses, se prepublicó el reglamento que actualiza esta regulación, en el marco de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. A pesar de no ser una regulación nueva, aparecieron “voces críticas” con un gran desconocimiento de la problemática de la ciudad.
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Lo curioso es que estas “voces críticas” se convierten en parte del problema y no de su solución. No han entendido que nuestras ciudades, sin capacidad de seguir expandiéndose horizontalmente por la falta de servicios, requieren aprovechar el suelo urbano de manera eficiente. Terminan oponiéndose a la generación de vivienda formal, convirtiéndose en aliados de esos traficantes de tierras que quieren ser la única alternativa para seguir destruyendo nuestras ciudades.
Vemos a diario cómo las mafias de minería ilegal y el narcotráfico se infiltran, solventan azuzadores y violentistas. Por eso me pregunto ¿Las mafias de traficantes de tierras tendrán como aliados a estas “voces críticas” con la finalidad de evitar que la generación de vivienda formal ponga fin a su ilegal negocio?