Balance laboral 2022: Medidas del Estado se traducen en mayor informalidad

“La agenda 19 es un documento que se enfoca en la gran empresa sindicalizada. Ahí hay aproximadamente el 10% de la población económicamente activa (PEA) y sobre ellos se centran las políticas de gobierno”, advierte Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama.

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A pesar de esto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) siguió impulsando las propuestas. En noviembre el entonces ministro Alejandro Salas comentó que la cantidad de empleos en el Perú seguía recuperándose, pero no la informalidad.

“La empleabilidad en el país está recuperando los niveles prepandemia. Sin son 17 millones de peruanos que hoy tienen trabajo, pero de ellos 11 millones trabajan en la informalidad”, afirmó.

Reveses en la ruta

Según especialistas consultados por Día1, la sumatoria de las medidas de la MTPE terminó traduciéndose en menos formalidad y calidad de empleo.

“Según la Encuesta Nacional de Hogares el 56% de la PEA gana menos de la RMV, la información oficial dice que la informalidad laboral es del 76,8%. Ese es el saldo del Gobierno de Pedro Castillo, mayor informalidad y con salarios reales menores”, sentencia Toyama.

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A pesar del crecimiento de los empleos, la situación de la formalidad está muy lejos de ser la indicada.

“Lo que se puede observar en el mercado es que el empleo formal ha crecido muy poco. Todavía estamos muy por debajo de los niveles prepandemia a nivel nacional y en Lima Metropolitana tenemos que retroceder 10 años para encontrar niveles similares”, advierte Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE.

“El empleo ha crecido, sobre todo en los sectores donde no está regulado, como el sector informal y el independiente. El saldo no es positivo”, agrega.

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A pesar de la situación actual, los especialistas coincidieron en que el ingreso del nuevo Gobierno puede significar el regreso de un MTPE con más experiencia técnica.

“El ministro [Eduardo García] es una persona que conoce el sector y la problemática. Ha anunciado una especial mirada en la informalidad segmentada en las mypes, porque en las empresas muy pequeñas hay un 90% de informalidad y 80% en las medianas”, detalla César Gonzáles Hunt, socio del estudio PPU.

Sin embargo, también advirtió que no es una buena señal que indicara que “el principal problema” de las restricciones a la tercerización sea la falta de diálogo social. “Indecopi reconoció en primera instancia que es una ilegalidad el reglamento. No basta con que señale la falta de diálogo social”, dijo.

Este semanario buscó la opinión del MTPE, pero no obtuvo respuesta.