Las últimas semanas han estado marcadas por los paros convocados a nivel nacional por diversos gremios de transportistas, precedido de hechos de violencia contra empresarios, trabajadores y usuarios de transporte público, con pérdidas económicas que la Asociación Automotriz del Perú (AAP) estimó en más de S/240 millones por día de paro.
Las últimas semanas han estado marcadas por los paros convocados a nivel nacional por diversos gremios de transportistas, precedido de hechos de violencia contra empresarios, trabajadores y usuarios de transporte público, con pérdidas económicas que la Asociación Automotriz del Perú (AAP) estimó en más de S/240 millones por día de paro.
Esto trae a la reflexión no sólo ver cómo la inseguridad ciudadana afecta las actividades de empresarios y trabajadores, sino también cómo el sistema de transporte público impacta en la participación de la población en el empleo, en particular, la que no tiene acceso a transporte privado y padece una oferta de transporte público de baja calidad.
En Lima Metropolitana, la mayoría de los trabajadores se moviliza al trabajo principalmente en transporte público convencional, no masivo, no integrado y predominantemente informal. Según un reporte de Lima Cómo Vamos (2023), la mayoría de los limeños (52,5%) se moviliza en combi o coaster (26,8%) o en bus (25,7%). Sólo el 14,6% utiliza vehículo propio (62,5% en el nivel socioeconómico A) y apenas el 6,7% usa el sistema de transporte público masivo integrado (Metro de Lima, Metropolitano y corredores complementarios).
El costo del transporte público, incluyendo el precio del pasaje, la falta de interconexión entre diversas modalidades de transporte, el tráfico y el tiempo invertido para trasladarse al trabajo (el 48% de limeños pasa entre 1 y 2 horas movilizándose al día, y 26% de 3 horas a más, según la Asociación Movemos), representan una limitación importante en la vida diaria, incluso para acceder al empleo y, en particular, al empleo formal.
En 2018, un informe de la Corporación Andina de Fomento (CAF) relacionaba las condiciones de movilidad en Lima con la informalidad laboral. Según el informe, las oportunidades de empleo formal en Lima Metropolitana están concentradas lejos de los distritos donde vive la mayoría de la fuerza laboral. Datos del INEI, a partir del padrón de contribuyentes de la SUNAT, indican que Lima-Centro tiene más del doble de densidad empresarial por habitante que el promedio del resto de Lima Metropolitana y cinco veces más que el Callao; y once veces más densidad por km. cuadrado que el promedio del resto de Lima y cinco veces más que el Callao.
Así, mientras más lejos de Lima Centro viva un limeño y menor nivel socioeconómico tenga, tendrá que recorrer distancias más largas para conseguir una oportunidad de empleo formal, en un servicio de transporte público de baja calidad, con el costo que implica para la conciliación de su vida familiar y laboral, el tiempo de descanso o la formación después del trabajo, y su productividad; a lo que se suma ahora exponerse a accidentes y también a la delincuencia organizada.
Por tanto, en lugar de una contrarreforma del transporte público aupada [MV1] por el Ejecutivo y el Congreso, lo que se requiere es invertir en infraestructura y servicios de transporte público masivo e integrado de calidad y seguros. Asimismo, promover en lugar de restringir el teletrabajo, lo que, además de reducir costos, puede incrementar las posibilidades de acceso al empleo, especialmente formal, y la productividad, generando un efecto multiplicador en la economía.
