Carlos Bernal, Gerente General de la Asociación de Contratistas Mineros del Perú (Acomipe), señaló que el decreto que busca prohibir la tercerización laboral impactaría negativamente en el empleo y la formalización. En esa línea, si el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) está preocupado por los derechos laborales, debería potenciar la Sunafil para que haga una eficiente labor de fiscalización.
“Si es que el ministerio de verdad esta preocupado por los derechos de los trabajadores, se debe potenciar la Sunafil, ampliar el número de supervisores y capacitarlos al máximo para que hagan una tarea dentro de lo que corresponde”, dijo en una entrevista a RPP.
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Además, manifestó que mediante el decreto en mención se quiere romper un esquema de tercerización que sirve como una palanca para el desarrollo. “Es importante mencionar, que no se tercerizan personas, sino procesos”.
“La tercerización hay que mejorarla, seguramente bajo supervisión y capacitación de los funcionarios técnicos de Sunafil, ya que en todas las industrias hay empresas que incumplen. Cuando hay este tipo de casos está la autoridad para sancionar, pero no porque se dan unos casos de este tipo se tiene que crear un decreto para afectar a todas las industrias”, sostuvo Bernal.
En ese sentido, manifestó que la iniciativa del MTPE atentaría directamente contra el empleo, contra la libertad de contratación y la libertad de empresa, que son derechos fundamentales en la Constitución.
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“Este Decreto lo único que va a hacer es afectar a una gran cantidad de trabajadores formales. En el país no más del 20% de trabajadores está en el sector formal, y en minería es muchísimo más grave, porque hay mayores controles y fiscalización. El Perú es el octavo país más rígido laboralmente, si se aplicara este decreto bajaríamos al segundo lugar. ¿Qué queremos hacer? ¿Destruir la poca formalidad que tenemos?”, apuntó el directivo.
Por otro lado, Carlos Bernal afirma que la prohibición de la tercerización laboral sería inconstitucional ya que este esquema está respaldado por la Ley y un Decreto no puede cambiar una ley.
“En el sector las cuatro actividades principales, exploración, desarrollo, explotación y beneficio están facultadas de ser desarrolladas por empresas especializadas. La propia Ley General de Minería faculta a las compañías mineras a contratar empresas especializadas para realizar este tipo de trabajos”, dijo.
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“En ese marco, se ha roto el principio de la constitución en donde un decreto no puede cambiar una ley”, agregó.
Finalmente, hizo énfasis en que no hay ningún estudio técnico que justifique esta norma, ya que “ni siquiera se han preocupado (MTPE) en hacer una evaluación de productividad laboral, es decir, cuánto incide un trabajador en el PBI. No se han hecho estudios, se han saltado todo”.
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