Proyecto de ley busca ampliar la regularización de tributos a través de Obras por Impuestos

Además, busca permitir la aprobación de variaciones al monto total de inversión superiores a los establecidos en la actualidad en caso se produzcan “hechos sobrevinientes a la suscripción del convenio y que no sean atribuibles a las partes”. Esto se puede dar incluso si las obras se encontraran en ejecución. Hoy solo se puede variar el presupuesto de inversión como máximo en un 30% para las OxI con expediente técnico aprobado al momento de su adjudicación y 50% para las que no cuentan con uno.

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Por otro lado, la norma también amplía la ejecución de inversiones en las entidades del Gobierno Nacional para que puedan realizar las OxI. Las acciones por la reducción de la anemia, la desnutrición infantil y la construcción de viviendas rurales en zonas de friaje extremo declaradas por el Gobierno son incluidas entre las posibilidades.

El mecanismo de OxI se aplica desde el 2009. El año de mayor cantidad de inversiones adjudicadas a través de esta modalidad fue el 2016 con 50 obras con un valor de S/1.084 millones. En 2020 las OxI sufrieron un golpe al solo adjudicar 21 proyectos por S/206 millones, pero en 2021 tomaron impulso y se dio la buena pro a 56 proyectos con una inversión de S/613 millones.

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Hasta mayo del 2021 se adjudicaron 23 Obras por Impuestos por S/199 millones.

Reacciones

Para Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, el proyecto de ley no explica técnicamente los beneficios que traerá esta subida de tasas para la regularización del IR, tomando en cuenta que esto reduciría la recaudación tributaria. Sin embargo, indicó que, de aplicarse, se trataría de un buen uso para el presupuesto asignado.

“Tal y como está podría hacer que el Estado pierda caja por la contribución de estas empresas, pero por otro lado se asegura que sea presupuesto bien utilizado. Ese presupuesto se traduciría en obras que finalmente tienen un impacto positivo”, indicó.

Por su parte, Daniela Leguía, economista del Consejo Privado de Competitividad, resaltó que el incremento de esta tasa podría incentivar a empresas para realizar Obras por Impuestos de mayor envergadura. “Subir el tope y expandir las opciones de regularización dar opción a las empresas de financiar proyectos de mayor monto. Además, se reduce el riesgo de paralización de obras por el aumento de las variaciones del presupuesto por hechos que no son atribuibles a las empresas contratadas”, explicó.

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Sin embargo, el cambio de funcionarios que tendrán los gobiernos subnacionales por las elecciones del 2022 podría afectar el uso de esta alternativa. “Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales tienen el mecanismo, pero terminan por no usarlo debido a un tema de gestión. La norma da más herramientas a las empresas para que tengan más interés por estos proyectos, pero depende de que las gestiones también los incentiven”, advirtió Angelita Ruiz, Asociada senior de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.

Así, las entidades del Gobierno Central deberán acompañar a las gestiones entrantes para que no se detenga el ritmo de adjudicación. “Eso ya no pasa por un tema normativo, sino por un tema de convencimiento y aprendizaje. Ahora el Ministerio de Economía y Finanzas y Proinversión deben guiar el aprendizaje de los Gobiernos Regionales y Municipales para que cada vez haya más OxI”, concluyó Cárdenas.