El Ejecutivo y gremios de transportistas llegaron a acuerdos a fin de suspender la paralización anunciada para el lunes a nivel nacional. Entre estos acuerdos, el Gobierno ofreció la devolución del 70% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicable al combustible diésel desde agosto de este año hasta diciembre del 2025, además de un beneficio económico temporal por cuatro meses del 40% del monto de los peajes. Ambas medidas aplicarán para el transporte de carga e interprovincial.
El viceministro de Economía, Alex Contreras, mencionó que la devolución del ISC tendría un costo anual de S/ 200 millones y el subsidio a los peajes ascendería a S/ 200 millones más.
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Alfredo Thorne, exministro de Economía, calificó de mala la política aplicada por el Gobierno ya que subsidia directamente a la empresa y, finalmente, podría no ser transferido al consumidor final.
Según el economista, con estas medidas el consumidor seguirá sintiendo el efecto de los precios, por lo que consideró que se debió ofrecer un paquete focalizado de beneficios que incluyera un subsidio a los combustibles y la devolución de un porcentaje de lo que se paga en peajes a personas de bajos ingresos.
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Según Luis Alberto Arias Minaya, exjefe de la Sunat, en ambos casos se está subsidiando al combustible que más contamina y al transporte de carga con mayor uso a las carreteras, por lo que ninguna de las medidas es adecuada.
“Entiendo que el Gobierno se ve obligado a acordar y negociar medidas porque está contra las cuerdas por ser un gobierno débil, sin respaldo popular y temeroso que no aplica la ley. La consecuencia es que se siguen añadiendo precedentes para que a todo aquel que anuncie un paro, se le subsidie”
Luis Alberto Arias Minaya, exjefe de la Sunat
Para Arias Minaya, no se trata de personas que exigen un derecho o estén afectadas particularmente por la medida, sino de un impuesto técnicamente bien diseñado y de un peaje técnicamente bien cobrado.
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Cuentas fiscales
Según Thorne, si bien tenemos cuentas fiscales boyantes debido a una mayor recaudación por el alto precio de los minerales que exportamos, veremos que ese precio, en caso de una recesión internacional, se desplomará. Por ello, una parte de ese dinero debería ahorrarse.
Así, explicó que el Decreto Legislativo 1276 (que aprobó el marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero) del 23 de diciembre del 2016 señala que todos los excedentes de los recursos directamente recaudados tienen que aportarse al Fondo de Estabilización Fiscal. El no hacerlo, dijo significará que, el día que no contemos con esos recursos, algún otro ministro va a tener que hacer un ajuste fiscal.
“Nos estamos gastando dinero que no tenemos y que deberíamos estar ahorrando. Eventualmente, vamos a enfrentar una crisis fiscal”
Alfredo Thorne, exministro de Economía
Para Arias, se trata de medidas antitécnicas e inadecuadas que van añadiendo costo tras costo; así, primero fue la exoneración del IGV a algunos alimentos de la canasta básica, luego la exoneración del ISC para algunos combustibles y ahora se añade el subsidio al peaje y al diésel.
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“Cada vez habrá menos recursos fiscales y, por lo tanto, el riesgo va a ser que más pronto que tarde el déficit empezará a aumentar”, aseveró.
Apoyo inefectivo
Arias puntualizó que la inflación está afectando a todos y la responsabilidad del Gobierno es reducir el impacto sobre los más vulnerables. Según el especialista, los transportistas de carga no son parte de este grupo.
“El rol del Gobierno no es reducir el impacto del alza de los precios a los transportistas. Pueden aducir que esto se traslada al precio de los alimentos, pero, en ese caso, hay que reducir el impacto del costo a quienes sufren el alza de los precios que son los más pobres. Las medidas no deben darse para quien haga más bulla o golpee más fuerte”, anotó.