Mypes se enfrentan a distribuidoras de energía por portabilidad eléctrica: pros y contras del predictamen que se debate en el Congreso

Se trata de los proyectos de ley 900/2021-CR y 937/2021-CR, patrocinados por las bancadas de Perú Libre y Fuerza Popular, con la intención de que las mypes puedan elegir libremente a sus suministradores de energía.

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O, lo que es lo mismo, que “puedan decidir a cuál mercado de energía quieren pertenecer: al libre o al regulado”, apunta Daniel Hermoza, presidente de la Asociación Mypes Unidas del Perú.

ENERGÍA BARATA

Para las mypes se trata de un asunto de supervivencia, pues están convencidas de que su migración del mercado regulado (hogares y comercios) al libre, al cual están adscritos los consumidores intensivos en electricidad, como mineras, industrias y grandes comercios, les permitirá acceder a un precio más barato por la energía e incrementar su competitividad.

Y no les falta razón. César Gutiérrez, experto en electricidad, anota que el precio de la energía en el mercado de usuarios libres oscila alrededor de US$40 MWh, mientras que el precio de este mismo insumo en el mercado regulado promedia US$70 MWh.

Esto es, una diferencia de 52%, la cual reporta grandes beneficios porque “reduce significativamente los costos de los usuarios”, señala el especialista.

Así lo advierten también las mypes. En opinión de estas, su acceso al mercado libre les podría reportar ahorros de entre 20% y 40% por pago de energía y potencia si “negocian eficientemente sus contratos”.

Pio Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN), asegura que esta situación será bien aprovechada por los 20 mil establecimientos de este rubro, los cuales pagan un “elevado sobreprecio por la energía eléctrica”.

“Si logramos entrar a un mercado donde hay competencia, nos vamos a ver beneficiados. Sabemos que el ahorro bordea el 30%. Eso significa que mi negocio ahorraría S/2.100 mensuales”, señala.

NUEVA VALLA

Para viabilizar el ingreso de las mypes al mercado libre, los proyectos de ley 900/2021-CR y 937/2021-CR buscan bajar la valla de acceso, fijada hoy en 200 kW de consumo anual.

Pensando en ello, la Comisión de Energía y Minas del Congreso ha unificado ambas normas en un pre-dictamen que fija un nuevo piso en el nivel de 60 kW, pero con una condición: que las mypes acrediten su listado en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Remype) “con una vigencia de seis meses”.

De acuerdo a Hermoza, esta condición cierra la puerta a las mype con mayor consumo (unas 5 mil) y sólo deja ingrear a las 15 mil más pequeñas, pues las “mype con más de 10 trabajadores no forman parte del Remipe”, señala.

Sin embargo, esto es suficiente para causar alarma en el aparato estatal.

En efecto, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), Osinergmin y el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado (Coes) han observado la norma pues consideran que impactará negativamente en los resultados de las distribuidoras eléctricas estatales y privadas, las cuales se encargan de suministrar energía al mercado regulado.

Según estimaciones del Minem, los ingresos de estas empresas podrían reducirse hasta en 40%, si todos sus clientes con consumos de entre 60 y 200 kW deciden migrar al mercado libre y negociar sus contratos directamente con los generadores eléctricos.

Javier Muro, gerente general de la estatal Distriluz, estima que la afectación para el sector de distribución eléctrica estatal ascendería a US$80 millones anuales.

Pero no solo eso, advierte que la pérdida de más clientes - adicionales a los ocasionados por la guerra eléctrica - hará que las economías de escala de las distribuidoras se reduzcan, obligándolas a aumentar sus precios cuando “salgan a comprar energía para el mercado regulado.

¿SOLUCIÓN SOSTENIBLE?

A entender de César Gutiérrez, los más perjudicados por esta coyuntura serán las empresas del Estado y, por extensión, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (fONAFE), que consolida los estados financieros de todas las distribuidoras estatales y utiliza estos ingresos para “coberturar el Presupuesto General de la República”.

Por esta razón, el Coes recomienda que el cambio normativo se complete – de darse – con un mecanismo que compense a las empresas distribuidoras o que evite que estas incurran en el pago por potencia de la energía que ya tienen contratada pero que no podrán utilizar.

Pero hay otros argumentos que considerar. Por ejemplo, el Osinergmin advierte que no existe ninguna garantía de que las mypes “obtendrán precios más económicos” cuando migren al mercado libre.

De hecho, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) visualiza que el ahorro de costos que las mypes conseguirán por su traspaso al mercado libre no se sostendrá en el tiempo, debido a que las curvas de precios de ambos mercados comenzarán a converger desde 2023.

Esto, debido a que “la sobreoferta de energía comenzará a reducirse”, anota Juan Miguel Cayo, representante del sector eléctrico por la SNMPE.

Es más, Gutiérrez proyecta que la demanda eficiente de energía se acabará desde mediados del 2024, impulsando los precios de la energía en el mercado libre a US$211/MWh.

Esta situación, refiere, se convertirá en un dolor de cabeza para las mypes porque el pre-dictamen de los proyectos 900 y 937 señala que estas tienen la obligación de quedarse no menos de tres años en el mercado libre antes de pedir nuevamente su traslado al mercado regulado.

“Entonces, lo más probable es que los vendedores de energía opten por resolver los contratos y dejar a las mypes sin suministro. ¿Y qué van a encontrar entonces? Precios de US$200 y no de US$50. Ese es el riego”, advierte Gutiérrez.

PORTABILIDAD UNIVERSAL

Para Hermoza queda claro, sin embargo, que la oposición a la portabilidad eléctrica de las mypes se explica por el temor de las distribuidoras a que este sea “el inicio del fin” de su dominio en el mercado regulado

“Las distribuidoras no se mueren por perder 5 mil o 20 mil clientes, sino que temen que este paso podría conllevar a la universalización de la portabilidad eléctrica en el Perú, como ya ocurre en Chile y España”, señala.

El pre-dictamen de los proyectos 900 y 937 será debatido esta semana en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, con la opinión de más actores, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre ellos.