Por: Marcial García, socio de Impuestos de EY Perú (Ernst & Young)
Si bien la noticia ha pasado casi desapercibida, es muy positivo el anuncio de un conjunto de medidas a ser emitidas por el Ejecutivo en el marco de la delegación de facultades para legislar en materia económica, para adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el intercambio de información para fines tributarios, fiscalidad internacional, erosión de las bases imponibles, precios de transferencia y combate contra la elusión tributaria.Follow @EconomiaECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
Así, se deja en evidencia el propósito de alinear nuestra normativa con las más modernas tendencias internacionales en materia tributaria plasmadas en el revolucionario plan BEPS.
Este proyecto fue lanzado por la OCDE en julio del 2013, a solicitud de los líderes del G-20, con el afán de diseñar estándares homogéneos, transparentes y coordinados de alcance mundial para combatir una serie de estrategias de planificación fiscal agresiva de las multinacionales que, sin ser necesariamente ilegales, permiten reducir su carga impositiva global, de forma artificial, mediante el traslado de sus ganancias hacia jurisdicciones donde son objeto de un tratamiento fiscal más favorable.
En buena cuenta, busca garantizar que las grandes empresas tributen en aquellos países en los que efectivamente están realizando actividades económicas y generando valor. A ello se agrega el enorme interés de las principales economías del mundo por propiciar la transparencia y el intercambio de información.
El plan BEPS contempla 15 acciones para poner fin a la elusión fiscal internacional, mediante la formulación de diversas propuestas cuya implementación debe realizarse a través de modificaciones de las normas de derecho interno de cada país y de los más de tres mil convenios para evitar la doble imposición.
Lo que propone la OCDE es dotar a los distintos países de mecanismos consensuados para evitar que las empresas multinacionales dejen de pagar impuestos, aprovechándose de las discrepancias e inconsistencias entre los sistemas tributarios de las diferentes jurisdicciones en las que actúan y se encuentran presentes.
No son pocos los países que apoyan esta ambiciosa iniciativa. De hecho, el paquete definitivo de informes BEPS es fruto de un intenso trabajo de dos años, desarrollado con la más absoluta transparencia, en el que participaron activamente en igualdad de condiciones más de 80 países, incluyendo los 34 que integran la OCDE, todos los miembros del G-20 y más de 40 países en vías de desarrollo.
Como bien lo ha sostenido el secretario general de la OCDE, Ángel Gurria, “el proyecto BEPS ha demostrado que todas las partes interesadas pueden aunar esfuerzos para el cambio. La rápida implementación por parte de los gobiernos asegurará un entorno fiscal internacional con mayor certeza y sostenibilidad para beneficio de todos, no de unos pocos”. Esperemos que tenga los resultados esperados.
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