Buenaventura: Unidad minera Julcani en Huancavelica sufre actos vandálicos

La compañía minera Buenaventura informó que la unidad minera Julcani, ubicada en la provincia de Angares (Huancavelica), sufrió actos de vandalismo por parte de un grupo de pobladores que protestan en contra del actual gobierno.

Mediante un comunicado de prensa, la minera señaló que al promediar las 11:00 a.m. del domingo los manifestantes irrumpieron en el campamento para coaccionar a los representantes de Julcani y conminarlos “a firmar un acta con contenidos con los que la empresa no está de acuerdo, exigiendo, entre otras cosas, que la unidad minera paralice totalmente y hasta nuevo aviso, sus operaciones”.

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Asimismo -señalan- obligaron a los trabajadores a dejar las instalaciones bajo amenazas, apedrearon oficinas y vehículos de la unidad minera, y sustrajeron algunas pertenencias. Acto seguido, se dirigieron a las comunidades vecinas para obligarlos a que se sumen a las protestas.

“A fin de velar por la integridad de los trabajadores, la unidad de Julcani ha iniciado la desmovilización de todo el personal y ha suspendido todas las operaciones hasta que las condiciones de seguridad sean las adecuadas. Esta situación limita a la compañía a realizar actividades esenciales dentro de la operación, lo que pone en riesgo la seguridad ambiental de la zona, tal como ha sido comunicado de inmediato a la OEFA y Osinergmin para la determinación de las responsabilidades correspondientes”, señala el documento.

Consecuencias de la conflictividad

Según un estudio del BBVA Research, el sector minero peruano en el 2022 tiene un crecimiento potencial del 2,9% interanual. Sin embargo, la conflictividad social tendría un impacto de US$760 millones (-3,2% de variación interanual). Esto haría que el PBI peruano tenga una caída consolidada del -0,3%.

La entidad remarcó que las manifestaciones violentas también impactaron los resultados del 2021. En ese año, el PBI minero fue del 10,5% según el Banco Central de Reserva, pero los conflictos propiciaron la pérdida de US$550 millones (un 2,3% del PBI).

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En 2021 se perdió la producción de 68 mil TMF de cobre por la paralización de operaciones en Las Bambas, Constancia, Atapaccay y Antamina; de 13 mil onzas troy de oro en Atapaccay, Apumayo Constancia y Ares; de 12 mil TMF de zinc en Antamina y Buenaventura; de 3 mil TMF de plomo en Antamina y Buenaventura; y de 1.276 mil onzas troy de playa en Constancia, Antamina, Antapaccay, entre otras.

Por otro lado, un estudio de Scotiabank estima que la producción de cobre caerá un punto porcentual en 2023 a causa de la conflictividad.

Violencia

En lo que va del año, otras tres minas en el Corredor Minero del Sur han sido atacadas y/o incendiadas. El 13 de enero un grupo de 30 personas ingresó a las instalaciones de la minera Antapaccay, en Cusco, e incendiaron la casa bomba que brinda agua potable a 6.000 personas de comunidades aledañas.

El 19 de enero la mina Constancia, en Cusco, fue atacada por un grupo de manifestantes. Según Hudbay Perú, filial de la empresa canadiense y encargada de la mina, “algunas personas ingresaron de forma violenta a la propiedad de Hudbay Perú, incendiaron equipos y dañaron las instalaciones. Estos daños afectaron maquinaria importante para la relavera y camiones de transporte de insumos críticos para la operación”.

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Asimismo, el 20 de enero pasado una turba incendió las unidades mineras Huisamarca y Utunsa de Anabi en Cusco y Apurímac. Días después, la minera informó que dos comuneros murieron durante los actos de violencia.

“Anabi lamenta fallecimiento de los ciudadanos Santos Rolando Yanque Lagos y Wilman Chahua Oviedo, quienes fueron reportados como desaparecidos luego de su participación en la violenta incursión a la unidad minera Utunsa”, indicó en la comunicación.

Por otro lado, la mina San Rafael, localizada en Puno, se ahorró similar destino debido a que paralizó operaciones ante la presión de los manifestantes.