La Confiep afirmó que el decreto supremo que regula los servicios de tercerización carece de fundamentos técnicos y constituye un duro golpe para los trabajadores formales del país, contratados bajo esta modalidad, que se encuentran hoy frente a la posibilidad de perder sus empleos o transitar hacia la informalidad.
Además, considera que es un perjuicio para las empresas pequeñas, medianas y grandes, las cuales contratan diversos servicios especializados y verán incrementados sus costos de producción.
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“Esta norma, incluso, constituye una barrera para muchas empresas e instituciones del Estado que demandan servicios de terceras empresas para llevar a cabo diversas actividades, como es el caso del transporte de activos a diversas regiones del Perú o la ejecución de programas sociales que benefician a millones de personas”, señaló el gremio en un comunicado.
Explicó que el principal problema de la norma es que prohíbe -asumiendo que todas las empresas abusan- cuando esto no es correcto y se resuelve con mejor supervisión y no con prohibiciones.
“La tercerización es una herramienta para organizar la producción de bienes y servicios de manera más eficiente, que se refleja en mejores precios y mayor competencia en beneficio del consumidor. La rigidez que impone la norma quitará esta flexibilidad y, por lo tanto, se afectará a los ciudadanos en su conjunto, quienes enfrentarán una nueva alza de precios en tarifas de servicios públicos como electricidad, gas, agua, telefonía y otros bienes y servicios”, agregó Confiep.
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El gremio consideró que emitir una norma como esta es resultado de la falta de solvencia técnica y de una carente visión estratégica en las organizaciones del Estado y las autoridades de turno.
“De esta manera, se pone en evidencia el perjuicio generado por el gobierno tras la separación de profesionales con capacidad en gestión pública y la renuncia de muchos funcionarios que, como protesta, han denunciado nombramientos a dedo de personas sin experiencia e incluso cuestionadas en su integridad, tanto en los ministerios como en las instituciones y dependencias del Estado”, añadió.
“Rechazamos el autoritarismo y la intransigencia del presidente Pedro Castillo y de la ministra Betssy Chavez quienes de forma arbitraria y a puertas cerradas, han emitido una norma ignorando el necesario diálogo social que caracteriza al Consejo Nacional de Trabajo”, puntualizó.
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