En lo que va de la semana, la bancada del Frente Popular Agrícola (Frepap) ha presentado dos proyectos de ley relacionados a la contratación de personal que generaría sobrecostos laborales, según abogados.
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Una de las propuestas busca prohibir la reducción de sueldos de los trabajadores del sector público y privado mientras dure el estado de emergencia.
Según Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, esta medida –además de ser inconstitucional pues vulnera la libertad contractual entre las dos partes– llevaría a optar por otras acciones más gravosas, como los despidos o la suspensión perfecta de labores.
“Estamos yendo en contra de lo que se necesita en tiempos de pandemia”, indicó Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, quien recordó que los recortes de salario solo se pueden decidir por acuerdo entre el empleador y trabajador.
Brian Ávalos, laboralista de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, añadió que este proyecto atenta contra medidas que toman las empresas golpeadas, como las del sector turismo y restaurantes, para salvar la fuente de sus ingresos. “La consecuencia es que se irán a la quiebra o liquidación”, dijo.
Además, recordó que la reducción del salario de forma unilateral es un acto de hostilidad y puede denunciarse ante Sunafil o el Poder Judicial.
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A TIEMPO PARCIAL
Otra propuesta de la misma bancada plantea otorgar derechos laborales –como el pago de la CTS, descanso vacacional e indemnización y reposición por tiempo de servicios (estabilidad laboral)– a los trabajadores a tiempo parcial. Este tipo de contratación se vio impulsado justamente durante la crisis, reduciendo las jornadas de trabajo y manteniendo vigente los vínculos laborales.
De prosperar la medida, Lora indicó que este régimen perdería su flexibilidad y sería inaplicable, perjudicando a jóvenes y personas con carga familiar.
“Siempre se ha visto que el part-time es más flexible, para gente que necesita la otra mitad del día a otras cosas, como estudiar o por temas familiares. Los beneficios se otorgan cuando la jornada es completa, [y con esta ley] se tendría un quiebre en la lógica. Ya no habría incentivo a contratar este tipo de trabajadores”, explicó.
Toyama, en cambio, si bien reconoce que la norma generará sobrecostos, consideró razonable otorgar la CTS según el tiempo laborado, aunque no el aprobar la estabilidad laboral de estos trabajadores para así mantener la flexibilidad del régimen.
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“Por igualdad, [los trabajadores part-time] deberían tener CTS proporcional al tiempo de servicios. [...] No hay razón legal para que ellos reciban gratificación y utilidades, pero no vacaciones”, dijo Toyama.
Resaltó que si se llegara a aprobar este proyecto de ley, es necesario que se de un tiempo prudencial para poder aplicarla. “Una norma que genera un sobrecosto debería tener un periodo de anticipación. Si se publica en febrero por ejemplo, debe iniciar en mayo para dar tiempo [a la empresa] a hacer caja”, comentó.
El proyecto de ley, no obstante, busca que las disposiciones se apliquen 30 días luego de su publicación.
Cabe señalar que las empresas formales suelen dar 10 días de vacaciones a los trabajadores part-time, pero no está regulado en las normas laborales peruanas, comentó Ávalos.