En el marco del Megaoperativo de Control Junín, la Contraloría General de la República visitó la obra en la institución educativa Mariscal Castilla en la ciudad de Huancayo, así como la construcción de módulos, en el que los trabajos se han ejecutado parcialmente y otros no se han realizado, ocasionando un perjuicio superior a S/2 millones.
El equipo de la Contraloría presentó detalles del megaoperativo ante las autoridades regionales y representantes de las entidades públicas, quienes participaron con la exposición de casos y denuncias que serán evaluados.
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Además, los representantes de la Contraloría sostuvieron un encuentro similar con la sociedad civil, gremios, colegios profesionales, monitores ciudadanos y medios de comunicación, a fin de informarles sobre el inicio del megaoperativo, así como también recoger sus inquietudes, alertas y denuncias sobre las entidades públicas de Junín.
Examinarán más ejecuciones
Durante los próximos cuatro meses, la entidad concentrará sus esfuerzos para supervisar obras y servicios que se ejecutan con recursos públicos en todo el departamento de Junín, a cargo de las entidades de los tres niveles de gobierno nacional, regional y local.
Para esta intervención, la Contraloría ha programado examinar la ejecución de más de S/757 millones que manejan 63 de las entidades públicas en Junín para obras, bienes, servicios, recursos humanos y otros.
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Asimismo, han comprometido la participación de más de 115 auditores y especialistas en materia de control para que se desplieguen en las nueve provincias de la región.
Principales casos a investigar
Para la programación del Megaoperativo, se han considerado los temas y casos que más preocupan a la población y que son resultado de las coordinaciones con los integrantes de la cadena anticorrupción, así como también de los conversatorios, audiencias públicas, alertas y denuncias ciudadanas recibidas.
Por ejemplo, a nivel del gobierno nacional, Provías Descentralizado viene ejecutando el mantenimiento periódico del camino vecinal Circuito de Producción, Carretera Mazamari- Puerto Ocopa- a Dos de Mayo, en la provincia de Jauja, en la cual ejecuta S/11,5 millones y recibirá el acompañamiento del control concurrente.
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Del mismo modo, al proyecto especial Pichis Palcazu, se realizarán servicios de control posterior. Uno por la contratación de aprovisionamiento de roca dura de cantera para la instalación de protección de áreas agrícolas en el río Chorobamba, en Huancayo, en la que se invierte S/2,7 millones.
Otro por presuntas irregularidades en la ejecución de la instalación de servicios de protección de áreas agrícolas de comunidades nativas, que en su modificación, habría considerado a la comunidad nativa Nueva Holanda, inexistente física y legalmente, asignándole un presupuesto de S/1,9 millones.
Asimismo, en la Universidad Nacional del Centro del Perú, se va a intervenir por las presuntas irregularidades en un concurso público del 2020, en el que uno de los integrantes del consorcio adjudicado con la buena pro no habría estado habilitado para participar. Asimismo, se va a realizar un control específico a la ejecución del servicio de conexión remota VPN e Internet por fibra óptica para las oficinas de la casa de estudios.
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A nivel del gobierno regional, la Contraloría anunció la presencia de control a las adjudicaciones de bienes, servicios y obras públicas de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional de Junín.
En ese sentido, realizarán servicios de control posterior al mantenimiento rutinario manual de rutas departamentales en diversas provincias de la región y en las que se relaciona a investigados de los casos “Los Dinámicos del Centro” y “Los Tiranos del Centro”, así como el mejoramiento de servicios de salud del Hospital de Apoyo de Pichanaki y el Hospital de San Martín de Pangoa, y las obras en la institución educativa Mariscal Castilla, que vienen siendo ejecutadas por empresas chinas.
A nivel local, se va a supervisar a los municipios provinciales de Jauja, Chupaca, Chanchamayo, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli que vienen ejecutando contratos en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19.
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