El Ejecutivo está evaluando interponer una acción de inconstitucionalidad contra la ley que elimina el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), aprobada por insistencia por el Congreso de la República.
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“Hemos acordado encargar a Servir y al Ministerio de Justicia la evaluación de una posible acción de inconstitucionalidad contra la mencionada ley”, informó la primera ministra, Violeta Bermúdez, en conferencia de prensa tras sesión de Consejo de Ministros.
El pasado 4 de marzo, el Parlamento aprobó por insistencia la ley que elimina progresivamente el citado régimen de contratación. El Ejecutivo ya había observado la norma.
Bermúdez apuntó que, además de la posible acción de inconstitucionalidad, buscarán entablar un diálogo con los congresistas “a efectos de compartir con ellos los impactos de la ley aprobada en funcionamiento de servicios que se brindan a población a través de más de 2,000 entidades públicas a nivel nacional”.
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Por otro lado, indicó que el Consejo de Ministros ha acordado emitir un dispositivo legal con una medida inmediata y temporal para que ningún servicio del estado deje de atender por carecer de recursos humanos.
“Es necesario contar con los profesores que se requieren para el inicio y continuación del año escolar, así como garantizar la contratación del personal para la atención de la pandemia, así como otros servicios esenciales”, puntualizó.