Hace dos meses, el Congreso de la República había aprobado una ley que prohibía a las empresas realizar llamadas spam o envíen mensajes de texto para promover sus productos y servicios sin ser solicitado por el consumidor. Sin embargo, la iniciativa fue observada recientemente por el Poder Ejecutivo.
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El documento indica que, “pese afectar derechos fundamentales”, hace falta un test de proporcionalidad, pues tal como está planteada la norma, puede afectar la libertad de empresa.
“En el caso del presente proyecto de ley, su exposición de motivos no cuenta con un test de proporcionalidad que, en base a los principios antes enunciados, pueda justificar la legitimidad de la restricción del derecho a la libertad de empresa y a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado, por lo que la propuesta carece de suficiente justificación respecto a su constitucionalidad”, se lee.
Asimismo, se resalta que para la aplicación de dicho test se deben utilizar los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida restrictiva.
Por otro lado, menciona que la propuesta para que los proveedores envíen información y publicidad cuando los consumidores se contacten directamente “podría resultar ilimitada en el marco de las libertades económicas”.
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Finalmente, se lee que “al no contar el dictamen que sustenta la Autógrafa de Ley, con el test de proporcionalidad (...) y del derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado (artículo 65 de la Constitución Política del Perú), se puede afirmar que la propuesta legislativa no se encuentra adecuadamente sustentada”.
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