En julio inicia un nuevo gobierno en el país y hay en cartera una serie de proyectos de obra pública que esperan ver la luz. Para llevarlos a cabo hay una serie de mecanismos que se pueden aplicar como Obras por Impuestos (OxI), Asociación Público Privada (APP) o Gobierno a Gobierno (G2G). ¿Hay alguna que debe prevalecer? Buscamos la palabra de José Luis Guasch, exjefe de Expertos Globales en Asociaciones Público-Privadas (APP) del Banco Mundial.
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El especialista en infraestructura comentó que el tema de Obras por Impuestos y Obras por Activos es adecuado que continúe como tal, porque ataca a una tipología de proyectos que van a ser mucho más costosos en capacidad, y sirve para proyectos de dimensión pequeña, de pocos millones de soles. Además, está gestionado con el sector privado, por lo que es claro y transparente, y no está sujeto a manipulación, corrupción o favoritismo.
“En el contexto social es importante porque un porcentaje importante de estos proyectos que son pequeños ocurren en zonas y en regiones que son relativamente pobres con base rural, entonces el impacto social es sustancial”, precisó.
Enseguida, refirió que para el resto de proyectos de arriba de US$ 10 millones una opción clara de obra pública es a través de APP. Ahí el tema de empaquetamiento es importante para temas claves para el país como educación y salud, y luego también priorizarlos por zonas geográficas según la necesidad. Esa es quizá la forma que operar, sostuvo.
Respecto a los contratos de Gobierno a Gobierno (G2G), Guasch reconoció no ser partidario de este mecanismo, por varias razones. Aunque reconoció que su uso para los Juegos Panamericanos fue correcto por la urgencia, la necesidad y la carencia de confianza que Perú pudiera hacerlo a tiempo, “pero incluso en la Reconstrucción con Cambios no ha habido un éxito sustancial, hace ya cinco años que se lanzó ese concepto y sigue rezagado”, comentó.
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Añadió que “el G2G da señales de tirar la toalla, y es una manera de decir que no eres capaz de hacer ese trabajo, lo que es absurdo para un país como el Perú, al no tratar de desarrollar estos proyectos por sí mismos”. Además, señaló que a veces se considera a países que están en peor situación como Turquía, sin contar que los países que vienen buscan contratar o favorecer a sus clientes y afiliados.
A manera de propuesta, dijo que se debe pensar en una reestructuración de ProInversión, para que haga lo que tenga hacer, o en todo caso debería convertirse en una entidad de apoyo que sea un portavoz y el que compila el conocimiento y el que apoya e informa, y que se encargue de contratar a los PMO. “Hoy ProInversión tiene 350 empleados para tres o cuatro proyectos por año, que lo podría hacer con 30 empleados”, sostuvo el también profesor emérito de Economía de la Universidad de California en San Diego.
“Hoy día en promedio un proyecto de ProInversión sale casi en 30 meses o dos años y medio, cuando debería ser en promedio no más de 16 o 17 meses, a menos que sea un proyecto complicado como el Metro de Lima, que sí puede tardar dos o tres años. Pero hay un montón de escuelas, hospitales, carreteras secundarias, que ya tienen un proyecto referencial, con una estructura repetitiva que no pueden tardar tanto”, apuntó el experto.
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LA CLAVE DEL PMO
Para Guasch, el PMO (Oficina de Gestión de Proyectos, por sus siglas en inglés) puede ser una solución para sacar adelante los proyectos de infraestructura, pero debe ir acompañado con la estandarización, porque por sí solo no va a resolver nada.
“Se necesita una estandarización extrema de todo el proceso, desarrollo de evaluaciones, diseño desde que se identifica el proyecto hasta que se lanza. El PMO es el arquitecto que va acompañando todo el proceso, sujeto a estos lineamientos y estandarización extrema. Por ejemplo, en obras de salud y educación, debo tener un piloto de cada cosa, para que no haya variantes sustanciales”, puntualizó.