El jueves pasado, el presidente Francisco Sagasti anunció que Francia se encargará de la construcción de la nueva Carretera Central, bajo la modalidad de gobierno a gobierno (G2G), con una inversión de S/11.571 millones. Esta nueva vía será una autopista de cuatro carriles, con un diseño muy avanzando de curvas espaciosas y seguras. Contará con 30 kilómetros de túneles para evitar una elevada altitud y así facilitar el transporte de vehículos.
La nueva carretera saldrá de Cieneguilla, irá por Huaycán hasta Santiago de Tuna, Yuracmayo y se conectará con La Oroya, buscando mejorar la capacidad de transporte de personas y mercancías hacía el centro y oriente del país.
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Al ser una vía tan importante para nuestro país, ¿qué particularidades debe tener el acuerdo G2G? ¿Qué características debe tener el órgano especializado en gestión de proyectos (PMO, por sus siglas en inglés) para este proyecto? Javier Correa, ex director de ProInversión y especialista en infraestructura, comentó que este proyecto por ser estratégico y complejo va a tener algunos retos interesantes, sobre todo en aprobación y expropiación.
Refirió que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no tiene suficiente capacidad para aprobar todos los estudios de ingeniería que requiere el proyecto, ya que se construirán viaductos, puentes, túneles, y otras obras que no van a poder procesar en el tiempo requerido.
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Para Correa esta es una barrera natural, y el PMO debería incluir algún tipo de waiver (exención) para que las aprobaciones de estos estudios no requieran la aprobación del MTC. Porque si al final del día, el volumen de aprobaciones sigue el conducto regular, que es tener la aprobación de todos los que participan, va a ser complejo avanzar rápidamente.
Mientras que en el tema de expropiaciones, dado que se está pensando en 4 carriles para la nueva carretera Central, y al ser una zona tugurizada, estimó que puede ser complejo. Opinó que el contrato tendrá que innovar en el sentido que muchas expropiaciones van a tener hacerse de inmediato y por decreto. “Se va a tener que usar todo el marco legal vigente, porque si no el proyecto se va a estancar inevitablemente”.
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El especialista dijo que se debe manejar el tema de expropiaciones de manera agresiva para evitar entrampamientos. Ha habido mucho desarrollo urbano, muchas invasiones, por lo que esta gestión va a ser clave, sobre todo considerando la magnitud de la obra.
Asimismo, mencionó el manejo de interferencias en zonas urbanas, sobre todo en la entrada de Lima. “La manera como se va a manejar la interferencia va a ser importante, hay zonas grises con empresas públicas y privadas, y la historia demuestra que la gestión de interferencias da origen a una negociación compleja, entonces eso tiene que preverse para evitar que el acuerdo se estanque”, sostuvo.
Por último, mencionó que la industria de la construcción en el Perú está un poco golpeada, y últimamente este tipo de obra descansa en el subcontratista peruano. Entonces, el tema es ver en paralelo qué mecanismos se van a implementar para permitir darle capital de trabajo a las empresas constructoras peruanas.
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“Esas áreas van a requerir atención del gobierno y del PMO, porque al final del día el PMO hace una limitación de responsabilidad. Es una figura que hace su mejor esfuerzo en la medida que las condiciones estén dadas. Pero si el proyecto se atraca, el PMO se va a demorar”, dijo.
Por su parte, Augusto Villanueva, socio de Villanueva - Llaque Abogados y Asesor en estructuración y ejecución de Contratos de Infraestructura, resaltó que un contrato Gobierno a Gobierno, permite gestionar diversos objetos contractuales, tales como obras de infraestructura, aportando un valor agregado como es la asistencia técnica especializada, a fin de que el proyecto sea ejecutado de manera eficiente y en el plazo previsto.
Otro valor agregado es la transferencia de conocimiento que el Estado extranjero deja en los especialistas nacionales. Algunos de los beneficios de encargar el proyecto a otro Estado es la experiencia en la ejecución de proyectos, el acceso a proveedores de talla internacional en condiciones de equilibrio y la optimización de los recursos a través de economía de escala.
“El contrato Gobierno a Gobierno permitirá al Estado francés brindar el servicio de asistencia técnica al Estado peruano a través de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), durante las etapas de diseño, construcción y puesta en operación de la carretera Central. Asimismo, Francia acompañará al Perú en los procesos requeridos para la elección de las empresas que se encargarán de la ejecución y supervisión de la obra”, apuntó.
En tal sentido, recordó que el objeto primordial de contar con un PMO es que el proyecto sea ejecutado en los tiempos establecidos y que cuente con la calidad requerida. La participación de un PMO experimentado, conforme lo pactado con el Estado francés, “garantiza que la elección del constructor y del supervisor sea de calidad, permitiendo así la eficacia de todo el proceso, tanto en la elaboración del expediente definitivo de ingeniería, como en la construcción de la obra y la puesta en operación de la misma”.
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