La semana pasada, Waldo Mendoza, expresidente del Consejo Fiscal (CF), entidad autónoma adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), asumió como titular de la cartera de Economía y Finanzas. En setiembre, el CF había expresado su preocupación respecto de los fundamentos de la senda de consolidación fiscal propuesta por el MEF en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM). Esta postura daría luces sobre cuál sería el enfoque del nuevo MEF en cuanto a política fiscal en este período de transición, el cual podría buscar establecer las bases para asegurar una sostenibilidad de las cuentas fiscales en el largo plazo.
LOS SUPUESTOS DEL MEF
En los últimos veinte años, el déficit fiscal promedio en el Perú ha sido de tan solo 0,6% del PBI, mientras que la deuda pública ha permanecido por debajo del 30%, una de las más bajas de la región. Sin embargo, el MEF prevé que este año el déficit fiscal se incrementará a 10,7% del PBI y que la deuda pública como porcentaje del PBI alcanzará el 35,4%. Al respecto, el MMM reconoce como prioridad lograr una trayectoria de consolidación fiscal en el mediano plazo. Así, estima que el déficit fiscal se reducirá a 6,2% en el 2021 y que convergerá a su límite legal de 1,0% en el 2026.
Sin embargo, para el CF estas proyecciones serían difíciles de cumplir. En cuanto a los ingresos corrientes, el Consejo Fiscal señaló que este año la recaudación podría verse afectada por un potencial aumento del incumplimiento tributario, que podría generar una reducción de la recaudación prevista en 1% del PBI. De igual manera, para el 2021, los ingresos estarían condicionados a la recuperación económica, el repago de aplazamientos por el Régimen de Aplazamiento y Fraccionamientos y las acciones de fiscalización de la Sunat.
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Más importante aún, el MEF esperaba que, entre el 2022 y 2024, exista un incremento de los ingresos fiscales permanentes de 1,5% del PBI como resultado de medidas que amplíen la base tributaria y reduzcan la evasión, así como por la recuperación de la economía. Sin embargo, según el CF, este aumento de ingresos no está debidamente sustentado y representa una proyección optimista al estar sujeto a un crecimiento promedio del PBI de 4,5% entre el 2022 y 2024, superior al crecimiento promedio en el lustro anterior a la pandemia (3,2%).
El CF también señala la necesidad de evitar un incremento del gasto público permanente a partir del 2022, cuyo nivel proyectado en el MMM –promedio de 22% del PBI entre el 2022 y 2024– sería el más alto en más de cuarenta años. Este alto nivel de gasto no contempla, inclusive, el potencial impacto que podrían tener leyes aprobadas desde el Congreso con iniciativa de gasto. En caso de que no se concrete el aumento esperado de los ingresos permanentes y el nivel de gasto no se racionalice, el MMM proyecta que el déficit fiscal al 2030 sería de 3,3% del PBI y la deuda pública podría crecer hasta cerca del 50% del PBI.
ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN
Otras economías de la región han planteado, en sus respectivos marcos fiscales, sendas de consolidación fiscal. Por ejemplo, en Chile, la estrategia de consolidación propone una reducción de los gastos para el período 2022-2024. En Colombia, se plantea incrementar los ingresos fiscales mediante mejoras administrativas, la revisión de beneficios tributarios y la imposición de impuestos verdes; mientras que, por el lado del gasto, se espera una mejora en la eficiencia y una menor inversión pública. Por su parte, México plantea mantener los ingresos de los últimos años y reducir los gastos de capital.
Para el caso peruano, la consolidación de las cuentas fiscales requeriría incrementar los ingresos fiscales permanentes y lograr un mayor crecimiento económico, lo que naturalmente incrementaría la recaudación. Al respecto, Carlos Oliva, exministro de Economía, señala que hay espacio para ampliar la base tributaria mediante políticas a fin de reducir la evasión y elusión de impuestos. Entre ellas, se encuentra masificar el uso de comprobantes de pago electrónicos, lo que permitiría un mejor control por parte de la autoridad tributaria.
En cuanto al incremento del PBI potencial, Oliva menciona que es necesario implementar medidas orientadas a mejorar la competitividad y la infraestructura del país. Al respecto, considera que el actual gobierno de transición puede retomar el énfasis en el avance del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que contiene 84 medidas concretas para incrementar el crecimiento en el mediano y largo plazo y que, a la fecha, solo cuenta con un avance de 20%. Asimismo, señala que debe consolidarse el diseño de políticas sectoriales tomando como base las mesas ejecutivas del MEF.
Por último, es clave modernizar la gestión de activos financieros del Estado, los cuales, a junio del 2020, equivalían a 14,4% del PBI, una reducción de 1,1 puntos porcentuales respecto al año anterior. Una opción para lograr rentabilizar parte de estos activos es la creación de un fondo soberano de riqueza, el cual realiza inversiones de largo plazo con determinados objetivos financieros para el Gobierno.