De acuerdo a Apoyo Consultoría, los conflictos sociales reducirán el valor de las exportaciones mineras en US$ 650 millones en el 2022, lo que significa que el Estado dejará de percibir US$ 280 millones debido a los conflictos, señaló José Augusto Palma, presidente del 14 Simposium Internacional del Oro, Plata y Cobre durante la clausura del evento que organizó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
“La minería es un socio transformador para el desarrollo y generador de bienestar, pero requiere de normas claras y estabilidad jurídica”, apuntó Palma.
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“Desde acá, tendemos la mano al Estado para trabajar juntos, aprovechar el increíble momento que tenemos por delante y transformarlo en oportunidades de desarrollo para toda la población, buscando consensos en lugar de conflictos”, agregó.
El ejecutivo consideró necesario retomar el diálogo abierto y sincero, comprendiendo los objetivos en común como son: mejorar la calidad de vida de la población, crear oportunidades de empleo y desarrollo, garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas y la biodiversidad, y crear riqueza que beneficie a todas y todos los peruanos.
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La minería tiene un rol protagónico, en la transición del mundo hacia una economía verde, menos contaminante y más respetuosa con el planeta, dijo al afirmar que el Perú está en la posición incomparable de aprovechar las oportunidades de las riquezas en cobre, pero también en otros metales como la plata, el oro y el zinc.
El cambio climático no se puede solucionar sin la minería. Pero la falta de voluntad política e institucionalidad está causando que el Perú esté ausente en el debate sobre el cambio climático.
“Si aprovechamos nuestras ventajas competitivas, si somos capaces de fomentar la inversión privada, ambientalmente responsable y socialmente comprometida, y que el Estado, de la mano con el sector privado y la sociedad civil, pueda terminar con las brechas que aquejan a nuestra sociedad, habremos construido un mundo mejor para todos. La colaboración es la clave para el futuro”, acotó el experto.
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La minería formal ha avanzado mucho en la sostenibilidad ambiental, social y de buena gobernanza (ESG). “Hemos visto múltiples ejemplos de ello en las mesas donde han participado las empresas líderes de oro, plata y cobre”, refirió.
También afirmo que “desafortunadamente, es notable el debilitamiento del Estado para enfrentar los conflictos que están afectando a toda la sociedad y a nuestra capacidad, como país, de reactivar la economía, garantizar la seguridad de la población y generar empleo. Ante la ausencia de un Estado con autoridad, se está normalizando el conflicto y la violencia, como forma de presión y como negocio”.
En este contexto, manifestó que la incapacidad del Estado para invertir los recursos que genera la minería, en favor de los ciudadanos, genera en el sector una crisis de credibilidad, azuzada, en ocasiones, por el propio Gobierno.
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