Iniciativa del Gobierno para impulsar adjudicación de APP sería insuficiente

La primera establece la creación de órganos especializados para la gestión y ejecución de proyectos en las entidades públicas, como ministerios o empresas estatales, que tengan inversiones de APP y proyectos en activos en su cartera. El principal cambio que incluirán estos es la obligatoriedad de que estas instituciones implementen una oficina de gerenciamiento de proyectos (PMO) al igual que los proyectos gobierno a gobierno, como la Reconstrucción con Cambios.

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“[Los órganos] se implementan en un plazo no mayor a 24 meses contados a partir de la vigencia del presente decreto. Mientras dure la implementación no se suspenden los nuevos encargos, los procesos de promoción o los plazos dispuestos en las distintas fases del proyecto o la cartera de APP”, señala la norma.

“Es un cambio positivo porque las PMO acompañan al sector desde la planeación, estructuración y operación de los proyectos. Esto es clave porque en casos pasados el acompañamiento en el proceso de aprobación permitió que los proyectos no se cayeran”

Daniela Leguía, economista del Consejo Privado de Competitividad.

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A pesar de lo planteado en el proyecto, la cartera de APP está en sus niveles más bajos desde que este tipo de adjudicaciones comenzó a entregarse en el 2008. En el 2020 y el 2021 los montos totales de contratación ascendieron a US$18 millones y US$20 millones, respectivamente. En junio del 2021 se dio la buena pro al paquete de Colegios de Alto Rendimiento por una inversión aproximada de US$60 millones, pero el proyecto recién se otorgó en marzo del 2022.

Desde setiembre del 2014 se adjudicaron 17 proyectos de APP por US$3.103 millones, en contraste con los 54 que se entregaron entre el 2008 y agosto del 2014 por un total de US$18.008 millones. “No vamos a ver un salto importante. La norma no impide que los reguladores sigan dando opiniones fuera de las correspondientes a su sector. Solo el 33% corresponde a ello [ver gráfico]. Mientras no se especifique este tipo de opiniones, los alcances seguirán sin ver cambios significativos”, explicó Leguía.

Obras por Impuestos

Por otro lado, el D.L. 1534 establece que los gobiernos regionales y locales pueden acceder a nuevas fuentes de financiamiento para realizar OxI. Previamente solo podían pagar a las empresas con canon, sobrecanon y regalías, pero esta iniciativa incluye a los fondos mismos de los gobiernos subnacionales.

“La norma antes solo permitía un tipo de fuente, pero ahora también se pueden usar recursos propios de los gobiernos regionales. Da mayor amplitud para atraer inversiones”, afirmó Angelita Ruiz, asociada senior del estudio PPU.

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Asimismo, la iniciativa también expande el tipo de obras que se pueden financiar a través de OxI al incluir las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) y el financiamiento y ejecución de actividades de operación y mantenimiento de las entidades. “Al permitir las OxI en actividades de operación y mantenimiento se dinamiza el mecanismo y ayudará a que se descentralice la inversión”, dijo Giuseppe Galluccio, gerente senior de EY Law.

“Estamos viendo más OxI adjudicadas que APP, que obra pública, que los acuerdos gobierno a gobierno, este es un mercado definitivamente más dinámico”, añadió.

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Sin embargo, la velocidad en la adjudicación de estos proyectos queda supeditada a la capacidad de decisión de los propios gobiernos subnacionales. Esto puede llevar a retrasos, por ejemplo, cuando hay cambios de gestión.

“Esos son problemas cuando las nuevas administraciones no priorizan los avances de gestiones anteriores o las fiscalizan, lo que está bien, pero eso demora los tiempos. Con esta norma estos gobiernos tendrán más opciones para poder financiar”, resaltó Ruiz.