El Poder Judicial declaró la nulidad de un laudo arbitral que dispuso el pago de S/825.258,41 al Consorcio Vial San Marcos, por conceptos no previstos en el mejoramiento de la carretera San Marcos – Cajabamba – Sausococha, Tramo: San Marcos – Cajabamba.
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Cabe precisar que dicho conglomerado está conformado por las empresas Altesa Contratistas Generales S.A. y Obras de Ingeniería S.A., ambas investigadas por el caso “Club de la Construcción”.
David Ortiz Gaspar, procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), manifestó que la defensa jurídica de los intereses del sector se mantiene firme. “Impediremos que algunas empresas utilicen el arbitraje para obtener beneficios económicos no previstos en los contratos suscritos y la normativa de contrataciones con el Estado”, remarcó.
El MTC informó que, a través de su Procuraduría Pública, desde el 2018 a la fecha ha logrado la anulación de 22 laudos arbitrales, generando un beneficio económico para el sector de S/ 141 000 953.42.
Polémicas declaraciones
El Ministro de Transportes, Edmer Trujillo, afirmó que si se produjera la salida del país de las empresas del “Club de la Construcción”, acusadas de actos ilícitos, se tendría problemas en el sector.
“(Si) todas las empresas del Club de la Construcción salen, te quedas sin empresas. ¿Con qué construimos?, ¿cómo construimos?, ¿a quiénes traemos?, ¿quiénes vienen? También es un tema que hay que ver, que hay que tomar en cuenta”, declaró a Exitosa.
Luego de estas declaraciones, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, dijo que el Gobierno no puede caer en “generalidades”. “Lo cierto es que no podemos caer en generalidades. Hay empresas honradas y honestas y peruanas también. No todo es malo, por ello no podemos caer en la generalidad de descalificar a todos”, comentó en conferencia de prensa.
“Nosotros como Poder Ejecutivo no sancionamos, no nos corresponde ni administrativa ni menos jurisdiccional. Somos respetuosos de la autonomía e independencia de los entes que administran el sector justicia. En este caso, tenemos ciertas limitaciones de orden normativo. Si hay contratista que no tiene sentencia o alguna disposición administrativa de inhabilitación, definitivamente puede seguir contratando”, manifestó el primer ministro.
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