En medio de aplausos y arengas desde el gran comedor de Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo firmó la tarde de ayer la autógrafa que permitirá el retiro de hasta S/18.400 (equivalente a 4 UIT) a los afiliados a las AFP. Con ello, el Gobierno habilita una sexta ley que permite la liberación de aportes en las AFP en los últimos dos años. Se estima que solo esta medida permitiría la salida de más de S/30.000 millones de los fondos.
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Fue la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, quien dio inicio a la ceremonia. “Estamos poniendo a disposición del pueblo peruano aquello que le pertenece y que no se le permitía tocar. Cada peruano será libre de evaluarlo. Confiamos en que no se van a ir a comprar televisores, sino que fomentarán la inversión, el autoempleo y reactivar la economía del país”, expresó.
Seguidamente, el presidente Pedro Castillo se refirió a la norma como una medida que busca atender a la población en momentos de emergencia.
“Consideramos que el importante beneficio ayudará a más de 8 millones de trabajadores que actualmente están afiliados a las AFP, me enorgullece ser el primer presidente elegido que estampa su firma en una norma como esta”
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La firma de la autógrafa por parte del Ejecutivo se dio pese a la observación y advertencias realizadas desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“La medida planteada por la autógrafa de ley afecta la finalidad de los fondos de la seguridad social, ya que tienen como fin el aseguramiento y la garantía del pago de una pensión, no de retiros previos a la jubilación”, se lee en el oficio que remite el MEF a Consejo de Ministros y que fue elaborado por la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado.
En el documento, al que tuvo acceso este Diario, también se aprecia que la dirección del MEF advierte que el retiro “tendría un impacto sobre la liquidez del sistema financiero, dado que, por el impacto de esta medida, al requerir cerrar posiciones del portafolio de inversiones, descapitaliza más los fondos, generando pérdidas adicionales para la economía”. Finalmente, el documento concluye: “La autógrafa de ley carece de un estudio matemático y actuarial que justifique algún beneficio para la sostenibilidad del sistema privado de pensiones”.
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Lo cierto es que de los 8 millones de afiliados a las AFP, existen 2,3 millones que tras los cinco retiros previamente aprobados no tienen fondos.
Así lo recordó la coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo, Paola del Carpio Ponce. “Son cerca de 6,1 millones de personas que tienen algún tipo de fondo. Eso representa un tercio del Perú”, aseveró. Puntualizó que cerca del 70% de la población económicamente activa en el país no tiene afiliación a ningún sistema previsional, por lo que el alcance de esta medida será acotado.
“Una encuesta del IEP arrojó que el 79% de los peruanos que hicieron retiros ya tenían un trabajo. No digo que no tenían necesidades, pero probablemente las personas que más necesidades tenían ya aplicaron a los cinco primeros retiros”, agregó.
“Se está generando un mayor hueco en el sistema. Habrá efecto sobre las pensiones. Asimismo, por la composición de la masa laboral, hoy estás ayudando al que más tiene. Habrá gente que seguramente sí lo necesita, pero es una minoría”
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Al término de la ceremonia en Palacio, Castillo anunció que el Ejecutivo creará una comisión para evaluar la reforma del Sistema Nacional de Pensiones.
Para César Fuentes, director de la Maestría en Gestión Pública de ESAN, ese último anuncio no guarda relación con la ley aprobada. “Eso demuestra la poca seriedad al momento de trabajar el problema previsional en el país. Si bien el sistema privado hoy tiene un problema de costos, el mecanismo no es quebrarlo. Y ese es el gran error que se está tomando”, acotó.
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