En un debate que duró aproximadamente tres horas, el pleno del Congreso aprobó por insistencia –con 109 votos a favor, tres abstenciones y ninguno en contra– el dictamen que permite el retiro de hasta S/17.600 de las cuentas en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para todos los afiliados. Con esto, solo resta su publicación para que entre en vigencia.
La semana pasada, el Ejecutivo había indicado que la iniciativa tenía aspectos inconstitucionales. Sin embargo, a fin de que el fondo de la propuesta obtuviera luz verde, realizaron tres observaciones, de las cuales el Legislativo solo se allanó a dos.
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La contrapropuesta de reducir el universo de “todos” a solo quienes no registren aportes en los últimos tres meses fue desestimada.
Por ello, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, adelantó la semana pasada que recomendaría al Ejecutivo interponer una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC).
—Amenazas—
Pasada las 9:30 de la mañana, diversos congresistas empezaron a referirse respecto a la urgencia de que entre en vigencia esta medida a fin de aliviar la economía de los más necesitados.
Jorge Guillén, profesor de Finanzas de ESAN, indicó que no se estaría cumpliendo con el objetivo del Legislativo debido a que, del total de afiliados, solo un 7% pertenece a los niveles socioeconómicos D y E.
Más aún, con este nuevo retiro sería muy probable que casi ninguno se beneficie con esta medida, puesto que muchos, si es que no todos, ya habrían retirado la totalidad de sus fondos, agregó Guillén.
Otra característica del debate de ayer es que ninguno de los congresistas se refirió a lo que ocurrirá cuando –según estimados de la SBS sobre el impacto de esta iniciativa– más de 5,4 millones de peruanos no tengan dinero para su jubilación.
Sin embargo, lo que marcó la jornada fueron las cuatro amenazas de legisladores al presidente Francisco Sagasti en caso de que decida acudir al TC a presentar una demanda.
César Gonzales Tuanama (Descentralización Democrática) fue uno de los primeros que declaró en esta línea.
“Exhortamos al Poder Ejecutivo que no se olvide de que este Congreso fue quien lo puso [allí]. Creo que no debería estar un minuto más el señor Sagasti. No descarto presentar una moción de censura en contra de Sagasti y toda la Mesa Directiva”, precisó.
Wilmer Bajonero (Acción Popular) señaló que “no hay que descartar una posible vacancia”, mientras que José Vega (Unión por el Perú) sostuvo: “Es necesario tomar alguna decisión política”.
“Habrá que evaluar, meditar, alguna sanción moral, política. Yo voy a promover algunas propuestas [...] una censura a este presidente”, subrayó Vega.
Pero la más animosa en impulsar una vacancia a menos de tres meses de un cambio de gobierno fue Cecilia García (Podemos Perú).
“[Debo] decirle al señor Sagasti: si ustedes mandan esta ley al TC, escuche bien claro, este Congreso no dudará ni un minuto en vacarlo. Estas son las reglas del juego”, enfatizó.
El Comercio consultó al Ejecutivo para conocer si respaldarán la decisión del MEF, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.
—¿Vacancia?—
Óscar Urviola Hani, expresidente del TC, lamentó que algunos congresistas actúen de “manera irresponsable” y en forma contraria a la Constitución.
“Cuando se trata de facultades, el presidente puede interponer una demanda ante el TC, no para defender sus intereses, sino para hacer respetar el orden constitucional del país”, subrayó.
A su turno, el constitucionalista Luciano López indicó que las declaraciones de estos cuatro congresistas, además de ser unas groseras amenazas, son “claramente inconstitucionales”.
“Según la Constitución, el presidente está facultado para, junto a su Consejo de Ministros, a presentar este tipo de demandas. Entonces, lo quieren censurar por hacer uso de facultades que le corresponden”, precisó.
Urviola agregó que el actuar de estos congresistas evidencia una “inconsciencia” y un “comportamiento reprobable”, el cual además se agrava porque buscan generar una crisis en pleno proceso electoral de segunda vuelta “solo por salir con su gusto que es evidentemente inconstitucional”.
Sobre la iniciativa legislativa, Urviola puntualizó que existen precedentes que señalan que, si bien las cuentas de AFP son privadas, son intangibles porque su objetivo es brindar una pensión.
—Plazos ante el TC—
Urviola explicó que la Presidencia puede interponer una demanda al día siguiente de su publicación. Enseguida, el TC tiene hasta 10 días para calificar su admisibilidad, es decir, que procederá a revisarla.
Luego se extiende un traslado por 30 días hábiles a las partes para que se pronuncien y, tras ello, se cita a una audiencia.
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“En términos procesales, en el supuesto de que el Congreso conteste la demanda en el último día del plazo, estamos hablando que transcurrirán, aproximadamente, dos meses y medio para que el TC sentencie”, calculó.
Urviola también refirió que, salvo la sentencia del TC, ninguna medida frena los procesos para ejecutar una ley. “Podría ser que varios ya hayan retirado para cuando se pronuncie el TC”, subrayó.