En la Comisión de Economía del Congreso, seis proyectos de ley plantean devoluciones del 100% de los fondos de AFP para afiliados que no han aportado en los últimos 12 meses (en algunos casos 36 meses). La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) estima que una medida de este tipo alcanzaría a 2 millones de afiliados, pero el impacto puede llegar a todo el sistema.
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Según Renzo Massa, gerente de Renta Fija de Prima AFP, la aprobación de una medida de este tipo generaría una nueva salida de fondos de alrededor de S/ 20 mil millones. Ello obligaría a todas las AFP a dejar de lado, por un momento, su rol de inversionista institucional.
“Esta nueva ley lo que haría sería limitar la capacidad de endeudamiento del Gobierno, porque como inversionistas privados, nosotros dejaríamos de comprar la deuda interna, porque tenemos que vender para pagarle a los afiliados y pensionistas. Entonces, el Gobierno cuenta con menos recursos para reactivar la economía”, explicó.
En su necesidad de mayor liquidez, la cartera de las AFP no solo se reduce, sino que se queda concentrada en activos más líquidos y de menor rendimiento, lo que también puede perjudicar a los afiliados que se mantienen en el sistema.
“Si el 50% de la inversión está en el Perú y 50% en el extranjero y se necesita vender rápidamente activos, terminas vendiendo las inversiones extranjeras y te quedas con una cartera más local. El afiliado que se queda, tiene un riesgo más concentrado en el Perú. En el corto plazo, sí hay un efecto para quienes se quedan, hasta que la cartera se recomponga”, precisó.
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Alternativas a la medida
Para el economista Jorge Guillén, profesor asociado de ESAN, estas medidas obedecen a la necesidad que apremia a las familias cuyos miembros están en desempleo y que no han podido ser atendidas mediante los bonos otorgados por el Estado.
“Podría responder un poco a la falta de eficacia en la entrega de los bonos. Lo que está haciendo el Congreso es tratar de darle cierta liquidez al consumo de las familias sobre todo los hogares vulnerables. Con cifras oficiales, la entrega de bonos es 1.6% del PBI”, comentó.
Por lo tanto, consideró que el Gobierno todavía podría atender a estas necesidades con bonos mejor focalizados, antes que liquidar los fondos previsionales. Agregó que el sistema privado de pensiones sí requiere cambios importantes, pero que la reforma todavía debería de esperar hasta después de la crisis.
“Más adelante se puede pensar en reformas. Ahora no es el momento, pero cuando se haga, se debería pensar en bajar comisiones, bajar rentabilidad y la tasa de reemplazo, que es lo más importante. La tasa de reemplazo es la jubilación como porcentaje del sueldo”, señaló.