Cerramos el 2021 con más de US$5.200 millones en inversión minera, 21% más que en el 2020, y las exportaciones mineras metálicas ascendieron a más de US$36.000 millones, superando en 56,7% al año anterior. Además, S/6.600 millones se transfirieron por conceptos mineros como canon, regalías y otros derechos mineros, y para los siguientes años dicho monto podría incrementarse si los proyectos en cartera, identificados a nivel departamental en el Observatorio del Bicentenario, se implementasen. Son más de 100 proyectos mineros en cartera (43 en construcción de mina y 60 en exploración), lo que representa aproximadamente US$53.000 millones de inversión en nuestro país, por lo que se deben generar condiciones para su implementación.
Sin embargo, parece que el presidente Pedro Castillo no es consciente del rol de la minería en el desarrollo de nuestro país y aún sin cumplir los siete meses de gobierno, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), ya registra cuatro ministros diferentes. Los dos primeros con una gestión de tres meses aproximadamente, y recientemente dos ministros en ocho días. Esta situación deslegitima fuertemente al sector, generando incertidumbre sobre el futuro de la cartera de proyectos, así como expectativas equivocadas sobre el rol del Estado en la regulación, promoción y supervisión de la actividad minera. Mención especial a la preocupación que ha generado la designación del actual ministro Carlos Palacios, quien solo registra experiencia como director regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Junín, a inicios de la gestión del líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el 2019.
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Es urgente que el Gobierno comprenda que es responsable por la sostenibilidad y competitividad del sector, para lo cual debe fortalecer al Minem con cuadros técnicos, partiendo por el liderazgo ministerial, que permitan continuar con el proceso de elaboración de la política nacional de minería; fortalecer las capacidades de los equipos regionales; generar y brindar mayor información en el territorio sobre la actividad minera y su necesario e importante relacionamiento con las comunidades; tomar acción sobre los más de 7.600 pasivos ambientales mineros (PAM) ubicados en 20 departamentos, de los cuales el 66,9% no cuenta con responsable identificado (5.129 PAM), lo que genera que no cuenten con plan de remediación en el corto plazo; entre otros aspectos revelados en el Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible.
En cuanto a la inversión social para la sostenibilidad, es evidente que se requiere avanzar, entre otros temas, en ampliar la cobertura de acceso a servicios básicos. Si bien algunos consideran que ello no es tarea del Minem, sino de otros sectores y actores, es necesario que el Gobierno cuente con un diagnóstico claro y planes de atención, previo al inicio de operaciones de los proyectos mineros. De lo contrario, continuarán generándose expectativas respecto de lo que podrá hacer la empresa minera en relación a las demandas de servicios básicos. Un ejemplo de ello es Apurímac, donde se tiene prevista una inversión de US$10.200 millones aproximadamente. Al 2017 en dicha región, el 77% de hogares de los distritos con proyectos en cartera tenían una cobertura de agua potable por red pública, mientras que el promedio del departamento era de 85%. Estos datos reflejan la necesidad de que el Minem asuma un rol articulador con otros sectores para avanzar en el cierre de las brechas identificadas.
Asimismo, teniendo en cuenta que la actividad minera tiene limitaciones en cuanto a la generación de empleo directo e indirecto en el ámbito de su intervención, de acuerdo con el Minem existe una concentración de contratistas mineros en la capital: el 59% está domiciliado en Lima, cada día toma mayor relevancia la necesidad de que las empresas contribuyan al desarrollo de otras actividades económicas en el marco de una visión compartida de desarrollo, producto de un proceso participativo y multiactor. Este es otro reto que demandará mucha discusión. Sin embargo, es necesario pensar en alternativas distintas o complementarias a las actuales a fin dar viabilidad y sostenibilidad a los proyectos mineros que se tienen en cartera y cuya contribución es necesaria para avanzar en el desarrollo del país.
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