En algunos casos, el potencial de estos productos todavía no ha sido aprovechado por completo. En otros, se ha sufrido un retroceso respecto a períodos anteriores.
El año pasado, el Perú y la República del Congo –en la lejana África Central– compitieron por el segundo lugar en la producción mundial del metal rojo.
Según el Minem, la extracción de cobre en nuestro país llegó a 2,75 millones de toneladas, más del triple que la cifra registrada dos décadas atrás, en el 2003, cuando se obtuvieron 843 mil toneladas.
Cerro Verde, en Arequipa, y Antamina, en Áncash, son las dos minas peruanas de cobre ubicadas entre las 10 más grandes del mundo.
Si bien la producción de Las Bambas, en Apurímac, creció 18% respecto al 2022 (302 mil toneladas), aún está lejos de alcanzar su capacidad plena: 450 mil toneladas. De lograrlo, ingresaría al mencionado top 10 global.
Por otro lado, desde el 2019, la República del Congo casi duplicó su producción cuprífera, mientras que en el Perú aumentó en 13%. No obstante, la extracción de ambas naciones están lejos de Chile, el primer productor de cobre mundial con cinco millones de toneladas al año.
El escenario es totalmente diferente en cuanto al oro: ninguna mina peruana figura entre las 10 más importantes del mundo. Nuestro país tampoco se encuentra en el top 10 de productores globales.
Además, en la última década, el Perú retrocedió del puesto 6 al 11. En las minas auríferas locales, se pasó de extraer 208 toneladas en el 2005 a 99 toneladas en el 2023. La caída acumulada fue de 52%.
Hay un perverso contraste: el notorio declive se contrapone al exponencial aumento de la extracción y exportación ilegal de oro en el país, la cual se septuplicó en el mismo período.
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), solo en el 2023 se exportaron 77 toneladas de oro ilegal. En el mismo período solo se invirtieron S/79 millones para reducir la minería ilegal. La cifra es equivalente apenas al 0.49% del presupuesto total designado para orden público y seguridad en el país.
En tanto, José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente de Perú e investigador de Cooperacción, remarca que el sector informal e ilegal no solo han crecido territorialmente en el Perú, sino que cada vez acumula más poder económico e influencia política.
“Sus impactos son negativos desde todo punto de vista. Estamos hablando de un sector que ni siquiera tributa y está en proceso de expansión. [...] Además, ahora disputa territorio con la gran minería y no solo la aurífera. Por ejemplo, con los altos precios del cobre, se les hace rentable extraer cobre”, señaló.
La Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Progreso (UNCTAD, por sus siglas en inglés) proyecta que la participación de los sistemas utilizados para la creación de energías limpias representarán más de 42% de la demanda global de cobre en el año 2050.
Para ese año, el mundo necesitará unas 50 millones de toneladas del metal rojo, más del doble que la actual producción global: 21,5 toneladas.
Ahora, solo el 23% de la producción de cobre se emplea en la fabricación de vehículos eléctricos, almacenamiento de energía en baterías, paneles solares, entre otros usos relacionados con la sostenibilidad.
Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú refiere que este factor pondrá al Perú en una posición privilegiada, debido al gran portafolio de nuevos yacimientos y ampliaciones de los que ya operan.
“Tenemos proyectos avanzados que, en los próximos cinco años, podrían adicionar un millón de toneladas anuales a la producción actual de cobre. [...] Entre estos están Tía María, Yanacocha Sulfuros, Zafranal, Coroccohuayco. Además, la compañía Buenaventura tiene el proyecto Trapiche, se espera tener todos los permisos para empezar a construirlo a partir del 2026”, explicó.
