Durante el 2021, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) aprobó nueve estudios tarifarios cuyo fin es mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, a través de inversiones que ascienden a S/ 2.859,3 millones que beneficiarán a más de 14 millones de personas.
De los nueve estudios tarifarios aprobados el año pasado, ocho (Sedapar en Arequipa, EPS Moyobamba en San Martín, Emusap en Amazonas, EPS Grau en Piura, Sedalib en La Libertad, Sedapal en Lima y Callao, Emsapa Yauli La Oroya en Junín, Seda Ayacucho, en Ayacucho) corresponden al establecimiento de las inversiones, metas de gestión y estructura tarifaria en los próximos cinco años.
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Durante el próximo quinquenio se invertirá en el cierre de brechas en agua y saneamiento; es decir, se buscará reducir el número de familias que aún no tienen acceso a este servicio.
Las inversiones previstas permitirán la ejecución de proyectos de ampliación, rehabilitación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado, la instalación y renovación de medidores, gestión de riesgos de desastres y el cuidado y conservación de las fuentes de agua a través de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Merese), entre otros.
El estudio tarifario restante corresponde a la tarifa incremental del servicio de agua y saneamiento por la incorporación de los costos de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) de la EPS Empssapal de Sicuani (Cusco), para lo que resta del periodo regulatorio 2017-2022.
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El mantenimiento de la PTAR contribuirá a la conservación del medio ambiente y evitará la contaminación del río Vilcanota, preservando su ecosistema y las actividades alrededor de este. Además, ayudará a proteger la salud de la población y mejorar su calidad de vida.
Familias vulnerables
De acuerdo a Sunass, todas las tarifas de agua potable aprobadas el 2021 protegen a las familias más vulnerables, a través del subsidio cruzado focalizado (SCF), que establece que los usuarios domésticos en situación de pobreza o pobreza extrema paguen una tarifa menor, acorde a sus condiciones económicas.
Con las ocho estructuras tarifarias aprobadas, a la fecha suman 24 empresas, de las 50 que existen en el país, que aplican el SCF que favorece a aproximadamente 4 millones de personas.
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