En su mensaje a la nación del 28 de julio, el presidente Pedro Castillo anunció que durante su primer año de mandato se crearán un millón de puestos de trabajo. Para esta propuesta planteó una mayor ejecución de inversiones en proyectos de inversión pública a escala subnacional, y en programas de empleo temporal.
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Sin embargo, el cumplimiento de esta promesa, además de no contar con precedentes históricos que sustenten su viabilidad, estaría limitada en la práctica por la menor capacidad del sector público –en comparación con el sector privado– para desplegar inversiones de gran envergadura y generar empleos de calidad.
Evidencia
Una revisión a los resultados del mercado laboral peruano a lo largo de los últimos años muestra la baja probabilidad que tendrá el Gobierno de crear un millón de empleos durante sus primeros 12 meses de administración. En efecto, la máxima cantidad de nuevos puestos de trabajo que se han generado anualmente asciende a cerca de 500 mil empleos –y casi todos en el sector privado–, resultado que no ha podido repetirse desde los años 2006 y 2007.
Otro aspecto que pone en duda la factibilidad de esta propuesta se encuentra vinculado a las herramientas que el Gobierno pretende utilizar para alcanzar su meta del millón de empleos. Si para este propósito se recurre únicamente a los programas públicos de empleo temporal, la ejecución de esta medida implicaría incrementar en 20 veces la cantidad promedio de puestos de trabajo generados por Trabaja Perú durante los últimos 10 años.
Por otra parte, la reactivación que podría exhibir el mercado laboral a partir del despliegue de proyectos de inversión pública a nivel subnacional sería limitado. Según cálculos del IPE, el efecto multiplicador que posee la ejecución de obras públicas sobre el crecimiento del empleo formal a escala nacional es apenas la mitad del que muestra la inversión de proyectos del sector privado.
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Asimismo, según estimaciones del FMI, por cada millón de dólares de inversión del sector público en infraestructura se crean entre 10 y 17 empleos directos en economías emergentes –como el Perú–. Esta cifra sugiere que para llegar a la meta anunciada por el Gobierno solo a través de inversión pública se requeriría un promedio de aproximadamente US$80 mil millones, monto que equivale a seis veces más el presupuesto asignado para inversiones de los tres niveles de gobierno en el 2021.
Un punto adicional a tener en cuenta es que, al primer trimestre del 2021, en el país hay un total de 580 mil personas empleadas menos en comparación con el período prepandemia.
Propuestas
Las cifras de empleo a escala nacional del INEI muestran que la reinserción de los trabajadores a la fuerza laboral se está dando en buena cuenta a través de ocupaciones con menores salarios y con bajo acceso a sistemas de protección social. Muestra de esto es que, al primer trimestre del 2021, el número de trabajadores subempleados en todo el país se ha incrementado en cerca de 1 millón de personas en comparación con los niveles registrados en el mismo período del 2020 y 2019. Asimismo, entre el 2020 y 2021, el porcentaje de la población que trabaja en el sector informal de la economía se incrementó de 72,7% a 77,3% a escala nacional.
Para reducir los crecientes niveles de informalidad, Pablo Lavado y Gustavo Yamada, investigadores de la Universidad del Pacífico, mencionan que la estrategia del Gobierno podría basarse –entre otros aspectos– en la consolidación de regímenes tributarios y la simplificación administrativa para el cumplimiento de la normativa laboral. Por ejemplo, proponen la creación de un único régimen general del Impuesto a la Renta que considere la deducción de costos laborales, así como la reducción parcial de impuestos por la creación de empleos formales y el acceso a sistemas de protección social por parte de los trabajadores.
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Otro aspecto que deberá atender el Gobierno es el cierre de la elevada brecha de desempleo de trabajadores calificados. Estos se encuentran afectados por las menores expectativas de contratación del sector privado ante la incertidumbre sobre el rumbo de la economía. Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade, menciona que la reactivación del mercado laboral no debe depender estrictamente de inversiones del sector público, sino que es el sector privado el que debe generar puestos de trabajo para este grupo de personas.
Considera, además, que el Estado puede jugar un rol más importante generando estabilidad e incentivos que mejoren las expectativas de contratación privada hacia el futuro. “Es necesario que se genere un entorno favorable para que las empresas privadas puedan contratar más personal”, mencionó.
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