La eutanasia, el derecho a morir en paz

En 1998 el español Ramón Sampedro se quitó la vida con la ayuda de su amiga Ramona Maneiro. Sampedro, exmarinero, tenía entonces 55 años y 30 de ellos los había vivido inmóvil, confinado a una cama a causa de una tetraplejía. Desde que supo que no podría volver a moverse, Sampedro emprendió una batalla legal para solicitar su suicidio asistido. Su historia tuvo un eco muy grande en España —país donde la eutanasia y la muerte asistida no están permitidas— y, posteriormente, en el mundo, cuando la historia llegó a la pantalla grande el año 2004 de la mano de Alejandro Amenábar. Mar adentro se llamó la película, que tuvo a Javier Bardem en el papel de Ramón Sampedro y que, entre muchos premios, ganó el Óscar a mejor película extranjera.

La sensibilidad del espectador fue puesta a prueba con Mar adentro al no tratarse de una ficción, sino de la historia real de una persona que decidió morir al saber que su estado de salud no mejoraría nunca y buscó los medios para hacerlo aunque las leyes de su país lo prohibían. Hoy, 21 años después, las leyes españolas no han cambiado a pesar de haberse presentado luego nuevos casos similares en los que se pedía la eutanasia o la muerte médicamente asistida.

“La muerte es un castigo para algunos; para otros, un regalo; y para muchos, un favor”. —Séneca

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Estamos frente a un tema que ha despertado polémica desde la Antigüedad. El término eutanasia deriva de los vocablos griegos eu, que significa ‘bueno’; y thanatos, que significa ‘muerte’. Es decir, la eutanasia sería una ‘buena muerte’. Pero, más allá de su significado etimológico, la muerte provocada ha estado sujeta a análisis durante casi toda la historia de la humanidad. El debate filosófico sobre ella empezó en Grecia con Platón y Aristóteles. El primero señalaba que el Estado debía cuidar el cuerpo y el alma de los ciudadanos y dejar morir a quienes no fueran sanos de cuerpo, y el segundo consideraba aceptable la eutanasia cuando tuviera un fin político útil. Los también griegos Pitágoras, Hipócrates y Galeno discreparon de las afirmaciones de Platón y Aristóteles, y establecieron una cerrada defensa de la vida.

El debate, los siguientes siglos, fue sobre todo religioso, por lo que saltaremos al siglo XVII, cuando el filósofo inglés Francis Bacon (1561-1626), en su libro El avance del saber (1605), reintrodujo el término eutanasia en el debate filosófico. Señalaba que “el deber del médico no solo es devolver la salud al enfermo, sino también aliviar sus dolores y sufrimientos, y no solo cuando tal alivio puede conducir a la recuperación, sino también cuando ayuda a procurar una muerte pacífica y sencilla. Porque no es una dicha menor aquella que César Augusto solía desear para sí cuando deseaba la eutanasia”.

También inglés, también filósofo, santo Tomás Moro (1478-1535) mencionó el tema en su famoso libro Utopía (1516). En él dice: “Si se trata de una enfermedad sin remedio y de continuo dolor, los sacerdotes y magistrados hacen ver al paciente que [...] siendo su vida un tormento no vacile en morir, antes tenga esperanza de librarse de una vida semejante, como de un potro o tormento, dándose la muerte o consintiendo que otro se la dé”. Y, a la vez, se muestra en contra de obligar a una persona a tomar este camino si no lo desea.

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Las consideraciones de Bacon y Moro siguen vigentes para el debate de un tema que se evita o se ignora en casi todo el mundo. La eutanasia, entendida hoy como la acción u omisión médica que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar sufrimientos, es legal en Países Bajos, Canadá, Bélgica, Luxemburgo y Colombia. Otra cosa es la muerte médicamente asistida. Esta se refiere a que el paciente, con conciencia de sus actos, pide al médico ayuda farmacológica para bien morir. La figura es legal en Suiza, Alemania, Japón, Canadá y en algunos estados de Estados Unidos.

El Perú está lejos de contemplar la legalidad de la eutanasia y de la muerte médicamente asistida. Es más, el tema nunca se debatió, hasta este año, cuando apareció en escena Ana Estrada, una psicóloga de 42 años con una avanzada polimiositis, enfermedad degenerativa y autoinmune que ha paralizado casi todos sus músculos. Ella ha empezado una lucha por tener la potestad de decidir cuándo terminar con su vida. Antes de Ana, la expresión “muerte digna” no se había escuchado en un debate público en nuestro país.

Ella no se quiere morir y le es difícil hablar de la muerte. “Me quiero morir cuando tengo una infección y mi cuerpo se debilita aún más y no puedo ni levantarme de la cama ni comer”, dice. Y explica que necesita tener la certeza de morir para poder vivir en paz. Lo que quiere es poder elegir, cuando el dolor se haga inevitablemente insoportable. No sufrir más.

Y sobre ello, el doctor Edwin Vásquez Ghersi, coordinador del diplomado en Bioética de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, responde: “El dolor es inhumano y no se puede negociar con el dolor”. Y, desde la bioética, dice: “Las precauciones contra la eutanasia y la muerte médicamente asistida parten del principio de que la vida debe ser protegida como un bien mayor. Hablar de muerte digna también incluye hablar de los cuidados paliativos para el control del dolor con la dosis adecuada de analgésicos”.

Al ser también sacerdote, Vásquez Ghersi recurre al catecismo católico para las consideraciones morales. Este documento, que contiene la exposición de la fe, doctrina y moral de la Iglesia católica, considera inaceptable la eutanasia, pero contempla la interrupción de tratamientos médicos extraordinarios y el uso de analgésicos de posibles efectos mortales, siempre y cuando se usen “no con el fin de provocar la muerte, sino aceptando el no poder impedirla”. Aunque puede sonar ambigua, es palabra de Dios.

Ana Estrada y el Código Penal

En el Perú el homicidio piadoso —cuando el paciente sufre dolores incurables— y el auxilio e instigación al suicidio están penados. Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, explica que antes de este Código Penal ( 1991 ) el intento de suicidio también lo estaba. La Defensoría del Pueblo asumió hace poco el caso de Ana Estrada y, con ello, abriría el camino para, finalmente, cambiar la legislación al respecto en nuestro país.

Pero el camino es largo. El caso de Ana es un primer paso. “Buscamos la inaplicabilidad del Código Penal para Ana y para las personas que la asistan cuando decida acudir a la muerte asistida”, explica Castillo. Para esto, la Defensoría presentará una acción de amparo contra el Estado bajo el argumento de que Ana puede tomar la decisión de poner fin a su sufrimiento, pues es su derecho fundamental. ¿Qué convierte esta decisión en un derecho fundamental? Josefina Miró Quesada, también representante de la Defensoría, explica que es un derecho fundamental porque la dignidad humana está de por medio y porque está de por medio nuestro derecho a la vida y a la autonomía. Y aclara: “La vida hay que entenderla no solo como el funcionamiento de los órganos, sino también como el establecimiento de condiciones mínimas necesarias para vivir bien”.

Y hay situaciones que plantean más reflexiones sobre la autonomía. Por ejemplo, la Ley General de Salud señala que un paciente puede interrumpir voluntariamente un tratamiento, lo que, en algunos casos, es una suerte de suicidio. ¿No sería mejor una muerte médicamente asistida? Es una invitación para empezar a llamar a las cosas por su nombre.

Los datos:

• 29 países prohíben en sus legislaciones la aplicación de la eutanasia.
• La World Federation of Right to Die Societies fue fundada en 1980 y cuenta con 46 asociaciones de 27 países. Realiza reuniones periódicas de carácter internacional sobre la forma de morir y la muerte.

El libro: