Actualmente existen 455 mil familias peruanas que carecen de vivienda y más de un millón de viviendas en condiciones de habitabilidad inadecuadas.
Durante las últimas décadas se ha pensado que la construcción de viviendas resolvería los problemas de la ciudad y de las poblaciones vulnerables, sin embargo, la política de vivienda ha estado desconectada de la ciudad y de los ciudadanos. El problema de nuestras ciudades radica en la falta de planificación urbana y territorial y en el uso ineficiente del suelo, tal es así que el 84,9% de las municipalidades a nivel nacional no cuentan con un Plan de Desarrollo Urbano, lo cual se ve reflejado en la insostenibilidad social, ambiental y económica de nuestras ciudades.
Desde el estado, la opción ha sido la entrega de lotes, la formalización de asentamientos informales, e incluso incentivar la ocupación informal. Esto ha permitido que el mercado informal se convierta en la única opción para que miles de familias puedan acceder a una vivienda. Esta manera de enfrentar el problema ha generado un modelo de crecimiento expansivo de la ciudad, haciéndola más extensa y, por lo tanto, ineficiente y vulnerable, ocupando zonas de riesgo y de protección ambiental.
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En línea con ello, durante las dos últimas décadas, el 90% del crecimiento de nuestras ciudades —lo que equivale a más de 2.300.000 viviendas— ha sido producto de ocupaciones informales, y si ese ritmo de crecimiento se mantiene, no se podrá garantizar el acceso a los servicios básicos, ni a la infraestructura y equipamiento urbano para esos millones de peruanos.
Por lo tanto, el estado debe asumir una presencia activa tanto en la planificación como en la gestión de las ciudades, contando con la participación de la sociedad, la academia, los colegios profesionales y el sector privado, todo esto, dentro del marco de la nueva Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.
Falta de infraestructura
Sin duda, las ciudades deben crecer desde un modelo de consolidación y democratización, desde el aumento de la densidad y la reutilización del suelo, para que puedan seguir creciendo sin expandirse y direccionando la oferta de vivienda a zonas que ya cuenten con servicios públicos, y así lograr, ciudades más eficientes, justas y equitativas. Hoy el 52,5% de las familias no acceden a servicios de infraestructura y equipamiento urbano y el 39,49% de la población no dispone de parques, ni de espacios públicos en sus barrios. Necesitamos transformar nuestras ciudades en lugares seguros e inclusivos, donde podamos ejercer nuestros derechos, construir ciudadanía y desarrollarnos plenamente como personas dentro de un enfoque de equidad.
Por esto, se hace urgente implementar una adecuada política de planificación urbana y territorial, que defina cómo ocupar el territorio, aprovechar los recursos de manera sostenible, optimizar el uso del suelo, controlar la densidad, regular la ocupación de suelos de alto riesgo, facilitar a los ciudadanos el acceso a una vivienda digna y segura, priorizando a los más vulnerables y finalmente, mejorar el acceso a los servicios, contar con mejores espacios públicos y con un transporte público eficiente. Cuando estas condiciones se logren, las viviendas no se seguirán autoconstruyendo, las ciudades no crecerán de manera informal, los traficantes de terrenos no serán los planificadores de nuestro futuro y habremos recuperado el derecho a la ciudad.
* El autor es Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL).
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