El pasado 8 de julio se promulgó la Ley Universitaria. La norma establecía que en 90 días hábiles, es decir el 3 de diciembre, la Asociación Nacional de Rectores (ANR) tenía que dejar de existir, pero sus autoridades parecen resistirse.
El Ministerio de Educación denunció el último miércoles ante el Ministerio Público al presidente de la ANR, Orlando Velásquez, porque no entregó los documentos de la institución para iniciar el cierre presupuestal, patrimonial y administrativo de ese organismo y del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu), que depende de la ANR.
Flavio Figallo Rivadeneyra, viceministro de Gestión Pedagógica, explicó a El Comercio que la ley ordenó que se cree un grupo de trabajo, diez días después de promulgada la norma, para iniciar el proceso de desactivación y, así, dar paso a la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
“Entre los integrantes de ese grupo tenía que estar alguien de la ANR. Les solicitamos que lo designen, pero se fueron de viaje a Río de Janeiro y lo hicieron cuando el plazo se venció. Nombraron a Víctor Aguilar Callo, quien también ha sido denunciado”, sostuvo Figallo.
NO RECONOCEN A GRUPOEl asesor legal de la ANR, Marco Ruiz Luna, manifestó a este Diario que ese grupo de trabajo es ilegal y que no le entregarán ningún documento porque se formó a destiempo(el 31 de julio) y no en los 10 días que ordenaba la Ley Universitaria.
“Ese grupo de trabajo está fuera del marco de la ley. La resolución que creó el grupo vulnera la ley. En dos semanas la Sexta Sala Civil de la Corte Superior deberá resolver si nos da la razón o no”, resaltó Ruiz.
Para el abogado constitucionalista, Francisco Eguiguren, si una ley establece un plazo para que se cumpla un mandato, como la formación de grupo de trabajo en este caso, y ese tiempo no se concreta, no necesariamente queda invalidada.
“Nosotros no hemos incumplido con los plazos sino el Ministerio de Educación. Si nosotros ganamos en el Poder Judicial se expulsa a ese grupo de trabajo y tienen que modificar la Ley Universitaria. No olvidemos que 47 congresistas han presentado una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto esa ley”, acotó Ruiz.
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