La Defensoría del Pueblo pidió al Congreso de la República archivar el proyecto de ley que busca modificar la conformación del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), así como el mecanismo para elegir a quien ejerza de superintendente.
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Mediante un comunicado, la institución señaló que este proyecto “vulneraría la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y pondría en peligro la reforma universitaria en nuestro país”.
También se indicó que este pedido (desestimar proyecto) fue hecho a través de una comunicación formal dirigida a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República.
En el mismo, la Defensoría del Pueblo dio a conocer su oposición sobre pretender modificar la ley universitaria para que el consejo directivo de la Sunedu esté integrado por siete miembros, de los cuales cuatro serían representantes de las universidades.
“Esta conformación del órgano encargado de regular la educación universitaria en nuestro país crearía una desproporción al momento de elegir a la nueva o nuevo superintendente, toda vez que las universidades públicas y privadas tendrían mayoría en el proceso de elección, lo que a su vez afectaría la autonomía para la toma de decisiones sobre la calidad de la enseñanza superior de miles de jóvenes”, precisa la posición de la Defensoría.
De otro lado, la entidad objetó que se pretenda retroceder al esquema previo a la ley universitaria, cuando funcionaban la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y el Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades (Conafu), tras recordar que el Tribunal Constitucional cuestionó la imparcialidad de dicho sistema.
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“Esto porque el Conafu estaba conformado por exrectores propuestos y elegidos por las propias universidades, lo que generaba una duda razonable sobre la imparcialidad de dichas instituciones al momento de autorizar el funcionamiento de universidades y filiales”, sostuvo la Defensoría.
Al respecto, la Defensoría señaló que en el documento remitido al Congreso, el Tribunal Constitucional ha señalado que las universidades pueden estar sujetas al control del poder público, dado que “la autonomía universitaria no es sinónimo de autarquía y solo se afecta cuando hay una incidencia desproporcionada y arbitraria”.
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En ese sentido, para la Defensoría del Pueblo no existe la necesidad de “reestablecer la autonomía universitaria”, como plantea el proyecto de ley, ya que esta “no se ha afectado con la creación de la Sunedu”.
“Por el contrario, la medida propuesta afectaría a dicha entidad y pondría en riesgo las reformas que se han venido dando en los últimos años al sistema universitario peruano”, agregó la entidad.
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